La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú concluyó este lunes el escrutinio del 100% de las actas de la segunda vuelta presidencial, confirmando la victoria de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, con el 50,135% de los votos válidos (9.223.396 sufragios) frente al 49,865% de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (9.173.755 votos). La diferencia de 49.641 papeletas, en un universo de más de 18 millones de electores, convierte este balotaje en uno de los más ajustados de la historia peruana. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente a la presidenta electa el 3 de julio, entregar las credenciales el 15 de julio y realizar la investidura el 28 de julio, día de la independencia nacional.

Fujimori, de 51 años, alcanza la jefatura del Estado en su cuarto intento, tras las derrotas en segunda vuelta de 2011, 2016 y 2021. Su campaña se centró en la promesa de restaurar el orden y combatir la delincuencia, evocando la mano firme de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado posteriormente por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Desde la orilla opuesta, Sánchez —identificado como heredero político del encarcelado exmandatario Pedro Castillo— anunció que no reconocerá el resultado y denunció, sin aportar pruebas, un presunto fraude en los votos emitidos en el extranjero. El partido Juntos por el Perú presentó recursos para anular mesas de sufragio en Lima y en el exterior, todos rechazados por el pleno del JNE. En paralelo, la renuncia del secretario general de la ONPE, Elar Bolaños, quien alegó manipulación de sus equipos informáticos, añadió un elemento de controversia administrativa, aunque el organismo electoral sostuvo que el cómputo se realizó conforme a la normativa.

El estrecho margen refleja una profunda división del electorado. Analistas en Lima señalan que la victoria de Fujimori supone el retorno del fujimorismo al poder tras un cuarto de siglo, en un país que ha tenido ocho presidentes en la última década debido a crisis institucionales recurrentes. La gobernabilidad dependerá de la capacidad de la nueva mandataria para construir mayorías en un Congreso bicameral fragmentado, donde Fuerza Popular no tiene control absoluto. Desde centros de estudios políticos en América Latina se interpreta el triunfo como parte de un ciclo de avances de la derecha en la región —con referencias a los casos de Argentina, Ecuador, El Salvador y Colombia—, aunque con la particularidad peruana de un liderazgo que, según esos mismos análisis, arrastra tanto el respaldo de una base leal como el rechazo de un antifujimorismo históricamente movilizado.

Observadores internacionales, incluidas misiones de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, señalaron que la jornada electoral transcurrió sin incidentes graves y que el proceso se ajustó a los estándares previstos. No obstante, la negativa de Sánchez a aceptar la derrota y el anuncio de nuevas movilizaciones y acciones judiciales anticipan una transición tensa. La presidenta electa asumirá el 28 de julio un mandato de cinco años con los desafíos inmediatos de contener la criminalidad, reactivar la economía y recomponer la confianza en las instituciones. La proclamación oficial del 3 de julio abrirá formalmente la fase de transición, mientras el JNE resuelve los últimos recursos pendientes.