Dos estudiantes de 14 y 15 años abrieron fuego el lunes en un aula de la Escuela Secundaria Nacional San José, en la ciudad de Tacloban, al sureste de Manila, y causaron la muerte de tres alumnos y heridas a otros veinte, según la policía filipina. Los agresores utilizaron una pistola 9 mm propiedad de una tía del menor de 14 años —agente de policía suspendida tras el suceso— y un revólver calibre .38 registrado a nombre de la agencia de seguridad del abuelo del otro atacante. El mayor de los sospechosos fue imputado por asesinato; el de 14 años queda exento de responsabilidad penal por la ley de justicia juvenil, que fija la edad mínima de imputabilidad en los 15 años.

El Centro de Coordinación e Investigación de Ciberdelitos ordenó el bloqueo temporal del videojuego Gorebox, un título de disparos en primera persona con clasificación para mayores de 18 años por su violencia extrema, después de que la investigación preliminar revelara que el sospechoso más joven era un jugador asiduo. “No podemos ignorar las posibles influencias en línea que hayan contribuido a este trágico incidente”, declaró el subsecretario Aboy Paraiso. Los estudios científicos no han establecido un vínculo causal directo entre los videojuegos y la conducta violenta, pero las autoridades filipinas mantienen abierta esa línea de pesquisa. Los detenidos declararon que actuaron en represalia por el acoso escolar que sufrían, un móvil que la policía no ha confirmado como definitivo.

Dos días después del tiroteo, las fuerzas de seguridad frustraron un segundo plan de ataque en la misma provincia de Leyte. Una estudiante de 14 años del Instituto Nacional de Tolosa fue localizada y puesta bajo custodia tras publicar en varias cuentas de Facebook mensajes que advertían de un inminente tiroteo masivo. El senador Bam Aquino alertó al secretario de Interior, Jonvic Remulla, y el Grupo de Investigación y Detección Criminal rastreó la amenaza en menos de tres horas. La menor eliminó las publicaciones al ser contactada y, al no hallarse armas de fuego en su poder, quedó bajo tutela del Departamento de Bienestar Social. Las autoridades calificaron la amenaza de “neutralizada”.

El caso ha reavivado en el Senado filipino el debate sobre la regulación de las plataformas digitales y la seguridad escolar. El presidente de la Cámara alta, Sherwin Gatchalian, impulsa una ley que prohibiría el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, mientras el senador Raffy Tulfo exige detectores de metales y cámaras de vigilancia en los centros educativos. El presidente Ferdinand Marcos Jr. se mostró abierto a revisar la edad de responsabilidad penal. Desde la óptica de analistas en América Latina y España, el episodio filipino refleja tensiones similares a las que atraviesan las políticas de infancia y digitalización en el mundo hispanohablante, donde el equilibrio entre protección y libertades sigue siendo objeto de un intenso escrutinio legislativo. La investigación continúa y no se descartan nuevas diligencias sobre el entorno digital de los agresores.