El Gobierno de Estados Unidos inició este lunes una campaña diplomática de amplio alcance con el objetivo declarado de “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI). El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se utilizarán todas las herramientas disponibles —desde la revocación de visados y la imposición de sanciones financieras hasta gestiones directas con gobiernos extranjeros— para, en sus palabras, “deshabilitar sistemáticamente la capacidad de la CPI de operar” y de procesar a militares o funcionarios estadounidenses. La ofensiva, calificada por el Departamento de Estado como una “respuesta de todo el Gobierno”, incluye llamadas de alto nivel para instar a países miembros a retirarse del Estatuto de Roma y un mayor escrutinio sobre aquellas naciones que, dependiendo de la asistencia de Washington, se nieguen a rechazar la jurisdicción del tribunal.

Desde la óptica de Washington, la CPI se ha convertido en un “árbitro global sin rendición de cuentas” que, respaldado por “una red de ONG de izquierda, globalistas arrogantes y gobiernos hostiles del tercer mundo”, libra una guerra jurídica contra la soberanía estadounidense. Rubio sostuvo que el tribunal, con sede en La Haya, excedió su mandato original de perseguir genocidios y crímenes de guerra para reclamar autoridad sobre ciudadanos de países que nunca ratificaron el tratado fundacional. La administración recuerda que ni Bill Clinton sometió el Estatuto a ratificación del Senado y que el Congreso aprobó leyes para proteger a los uniformados. El detonante inmediato de esta escalada, según analistas en Bruselas, es la combinación de la investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán y, sobre todo, las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa por la ofensiva en Gaza.

La CPI, creada en 2002 y reconocida por 123 Estados, opera bajo el principio de complementariedad: solo interviene cuando las jurisdicciones nacionales no pueden o no quieren juzgar los crímenes más graves. Sin embargo, la ofensiva estadounidense pone en entredicho la arquitectura de justicia internacional. Diplomáticos europeos consultados por agencias internacionales advierten que la presión sobre aliados que albergan bases militares o reciben cooperación en seguridad podría fragmentar el consenso multilateral. En América Latina, donde la mayoría de los países son parte del Estatuto de Roma, la campaña genera inquietud: varios gobiernos de la región han defendido históricamente la CPI como un mecanismo contra la impunidad, pero ahora enfrentan el dilema de mantener ese respaldo sin tensar sus relaciones con Washington. Desde África, donde algunos Estados ya se retiraron del tribunal acusándolo de sesgo neocolonial, la narrativa estadounidense podría encontrar eco, aunque por razones distintas.

El Departamento de Estado confirmó que ningún recurso diplomático quedará descartado. Se prevén prohibiciones de viaje para el personal de la CPI, un endurecimiento de las sanciones ya existentes —que motivaron una demanda de tres jueces del tribunal contra el presidente Trump por considerarlas ilegales— y contactos directos con países no miembros para que utilicen sus propias redes diplomáticas en la misma dirección. La administración advirtió que observará “con interés” qué naciones se suman a la campaña y que aquellas que dependan de la asistencia estadounidense sin rechazar la autoridad de la CPI estarán bajo mayor escrutinio. El estado del dossier queda abierto: mientras Rubio promete desmantelar la corte “ladrillo por ladrillo si es necesario”, la CPI no ha emitido comentarios inmediatos, y se espera que en las próximas semanas se concrete la primera ronda de llamadas de alto nivel a capitales aliadas.