España concluyó este martes el plazo de su proceso extraordinario de regularización de migrantes en situación irregular, con más de un millón de solicitudes presentadas —el doble de la estimación inicial de medio millón—, según confirmaron fuentes gubernamentales y la plataforma oficial Mercurio. De forma paralela, el presidente Pedro Sánchez presentó en Madrid el Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con 505 millones de euros en su primer año, que incluye medidas de inserción laboral, formación profesional, enseñanza de las lenguas cooficiales y de las normas y valores del país, así como la creación de una Agencia Nacional de Movilidad Humana. La mayoría de los solicitantes procede de países latinoamericanos y, de acuerdo con los requisitos, debía acreditar residencia continua en España desde al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales.

Desde el Ejecutivo español se enmarca la regularización como una decisión de justicia social y de inteligencia económica. Sánchez afirmó que sin inmigración España perdería un 19 % de su PIB para 2050, que la mitad del crecimiento económico reciente se debe a la población extranjera y que sectores como la hostelería, la agricultura o la educación dependen de esta fuerza laboral. En el plano político interno, el Partido Popular y Vox han criticado la medida por considerar que genera un “efecto llamada” y han impulsado en varias comunidades autónomas la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas. En el ámbito europeo, según recogen medios españoles y agencias, líderes de Italia, Dinamarca, Hungría y Bélgica manifestaron su preocupación en el último Consejo Europeo por el posible impacto de esta regularización en el resto de los Estados miembros, en un contexto en el que el Pacto de Migración y Asilo de la UE entró en vigor el pasado 12 de junio.

La controversia ha alcanzado también la esfera judicial. El Tribunal Supremo español abrió un trámite de audiencia el 24 de junio para valorar si plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al apreciar posibles incompatibilidades con el derecho comunitario. El Ministerio de Migraciones, que dirige Elma Saiz, sostiene que el decreto se redactó “velando estrictamente por su compatibilidad” con la normativa europea y subraya que el permiso concedido es de residencia y trabajo exclusivamente en territorio español, sin que habilite la libre circulación por otros países de la UE. El Gobierno dispone hasta el 3 de julio para presentar alegaciones, mientras que el socio minoritario de la coalición, Sumar, ha instado a ampliar el plazo de solicitudes y ha calificado la actuación del alto tribunal de intento de “golpe” contra los derechos de los migrantes.

España ha recurrido a procesos de regularización en siete ocasiones anteriores, con más de 1,2 millones de beneficiarios acumulados. La presente iniciativa surgió de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y apoyada por sindicatos, organizaciones humanitarias, la patronal CEOE y la Iglesia católica. En paralelo, el Gobierno destaca que las llegadas irregulares se han reducido un tercio en lo que va de año, con un descenso del 70 % en Canarias. Las autoridades disponen ahora de un plazo de tres meses para resolver cada solicitud. La decisión del Tribunal Supremo sobre la cuestión prejudicial podría suspender cautelarmente el proceso mientras se dirime el encaje del decreto español en la arquitectura jurídica europea, lo que mantiene abierto un escenario de incertidumbre tanto para los solicitantes como para la política migratoria del Gobierno.