Dos misiles de crucero iraníes impactaron el lunes contra los petroleros de bandera emiratí Mombasa y Al Bahiyah cuando transitaban el corredor sur del estrecho de Ormuz, en aguas territoriales de Omán, según informó el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos. El ataque causó la muerte de un tripulante de nacionalidad india y dejó ocho heridos —seis indios y dos ucranianos—, cuatro de ellos de gravedad. Los incendios desatados a bordo fueron controlados posteriormente. Abu Dabi calificó el hecho como una “violación flagrante” del derecho internacional y advirtió que se reserva el derecho a responder para proteger su soberanía y sus intereses estratégicos.

Desde Teherán, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica confirmó haber “inutilizado” dos superpetroleros que, según su versión, desactivaron los sistemas de navegación, ignoraron advertencias reiteradas del centro de seguridad del estrecho y optaron por transitar una ruta sembrada de minas. La fuerza iraní acusó a Washington de “incitar” a las embarcaciones a utilizar un paso ilegal y sostuvo que la cooperación con el “enemigo agresor” solo genera daños, retrasa la reapertura del estrecho y profundiza la crisis energética global. El gobierno de India, por su parte, convocó al encargado de negocios iraní en Nueva Delhi para presentar una protesta formal y exigió el cese inmediato de las hostilidades, al tiempo que deploró la violencia contra la navegación comercial y la infraestructura civil.

El episodio se inscribe en una nueva espiral de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Horas antes, el Comando Central estadounidense había ejecutado una tercera noche consecutiva de bombardeos sobre posiciones costeras iraníes con el objetivo declarado de degradar la capacidad de Teherán para atacar buques mercantes. El presidente Donald Trump restableció el bloqueo naval a puertos iraníes y anunció que Washington cobrará una tarifa equivalente al 20 % del valor de la carga a los navíos que transiten por Ormuz, bajo el argumento de que Estados Unidos actúa como “guardián” de la vía. Desde la óptica de Bruselas y de las capitales del Golfo, la medida añade un componente de presión económica a un conflicto que ya había interrumpido el tránsito de crudo y gas por uno de los cuellos de botella más críticos del comercio energético mundial.

El estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto circulaba a diario cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo y gas, permanece cerrado de facto para la mayoría de los buques comerciales desde que Irán lo bloqueó en marzo, en represalia por los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel. Un memorando de entendimiento firmado en junio entre Washington y Teherán había previsto la reapertura de la vía y un alto el fuego temporal, pero el acuerdo colapsó en julio tras acusaciones mutuas de violaciones. Analistas en el Consejo de Cooperación del Golfo advierten que la reanudación de las hostilidades y la imposición de peajes unilaterales erosionan cualquier marco jurídico compartido y elevan el riesgo de una conflagración regional de consecuencias impredecibles para los mercados energéticos y las cadenas de suministro globales.

El dossier diplomático se encuentra en punto muerto. Mientras la misión india en Emiratos coordina la asistencia a los marinos afectados, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha logrado consensuar una declaración sobre los últimos ataques. La resolución 2817, que reafirma la libertad de navegación y rechaza el uso de la fuerza contra buques mercantes, es citada por Abu Dabi como fundamento jurídico de su condena, pero carece de mecanismos de aplicación inmediata. Se espera que en las próximas horas los cancilleres del G7 aborden la crisis en una reunión extraordinaria, mientras las fuerzas navales presentes en la zona mantienen un estado de alerta máxima.