El número de prestatarios con préstamos estudiantiles en situación de impago en Estados Unidos saltó en más de 4,2 millones entre abril de 2025 y marzo de 2026, según un análisis de Associated Press. Con ello, uno de cada cinco deudores federales —alrededor de 9,5 millones de personas— se encuentra ahora a más de nueve meses de retraso en sus pagos, un umbral que abre la puerta al embargo de salarios y prestaciones sociales. El fin de la pausa pandémica y la eliminación del plan de repago más asequible, conocido como SAVE, concentran la presión en los estados del sur: Misisipi registra la tasa de morosidad más alta del país, con un 28,3 %, y Puerto Rico supera el 30 %.

El sobreendeudamiento no es un fenómeno exclusivo del norte. En Brasil, un estudio de la Consultoría de Presupuesto de la Cámara de Diputados advierte que la deuda pública federal superará el 100 % del PIB entre 2032 y 2035 si no se alcanza un superávit primario equivalente al 2 % del producto, unos 250.000 a 300.000 millones de reales anuales. Analistas en Brasilia subrayan que el presupuesto discrecional —apenas 250.000 millones de reales— resulta insuficiente para un ajuste que requeriría 330.000 millones, lo que obliga a revisar gastos obligatorios como las prestaciones del INSS, cuyo costo ya rebasa los 1,3 billones de reales. La indexación de esas partidas al salario mínimo y a la inflación alimenta un círculo vicioso: el alza de precios fuerza al Banco Central a subir la tasa Selic, lo que a su vez encarece el servicio de una deuda mayoritariamente atada a ese índice.

Colombia y Argentina ilustran variantes de la misma tensión. La administración entrante en Bogotá anunció un recorte presupuestario de 60 billones de pesos —equivalente al 11 % del presupuesto de 2026— para contener un déficit fiscal que, según analistas locales, ronda el 8 % del PIB, el más alto desde la Guerra de los Mil Días. La tijera se concentrará en infraestructura y en la nómina de supernumerarios, aunque las indemnizaciones por contratos vigentes postergarán parte del ahorro. En Buenos Aires, el Gobierno incumplió la meta fiscal del primer semestre pactada con el FMI por unos 570.000 millones de pesos, tras registrar un déficit de 1,02 billones en junio. El ministro Caputo atribuyó el desvío a la postergación del vencimiento del impuesto a las ganancias, pero el dato confirma que el Ejecutivo deberá solicitar una dispensa (waiver) al organismo.

En el plano de las economías domésticas, la morosidad alcanza cifras récord. La Serasa contabilizó 83,5 millones de brasileños con cuentas atrasadas en 2026, más de la mitad de la población adulta, con un saldo total superior a 570.000 millones de reales. Especialistas en educación financiera en São Paulo recomiendan priorizar deudas que impliquen la pérdida de un bien o el corte de servicios esenciales, y advierten que el uso de nuevo crédito para cubrir cuotas viejas es la señal más clara de una bola de nieve. Mientras, la filántropa MacKenzie Scott —quien en su juventud no pudo pagar un dentista y hoy dona un promedio de 10 millones de dólares diarios— acaba de entregar 20 millones a una organización de salud mental juvenil, un recordatorio de la distancia entre la acumulación extrema de riqueza y la fragilidad financiera cotidiana. El siguiente hito será la visita de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, a Argentina a fines de julio, donde se evaluará el nuevo cronograma fiscal.