Durante semanas, un mensaje idéntico apareció garabateado en los muros de varias ciudades sudafricanas: “30 de junio”. No era una consigna política ni una firma de pandilla, sino un ultimátum. Lo firmaban dos grupos que se autodenominan vigilantes, Operation Dudula y March and March, y advertía a los migrantes irregulares que debían abandonar el país antes de esa fecha o ellos mismos los echarían. La pintada, repetida como un eco en Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo, convirtió el calendario en una amenaza tangible.

El día señalado, las marchas estallaron. La mayoría de las 120 manifestaciones registradas por la policía transcurrieron sin violencia, pero en algunos puntos se dispararon armas de fuego y varios migrantes fueron expulsados de sus viviendas. Antes de que las columnas se disolvieran, Jacinta Ngobese Zuma, líder de March and March, tomó la palabra ante una multitud y anunció que volverían a las calles cada jueves hasta las elecciones municipales de noviembre. “No nos detendremos hasta que se hayan ido todos”, dijo, señalando a los africanos negros llegados de países vecinos como Zimbabue, Mozambique o Nigeria, a quienes se acusa de disputar empleos y servicios con los sudafricanos más pobres. Esa misma jornada, un ciudadano ghanés, Bashiru Isak, de 40 años, fue asesinado en Khayelitsha, un barrio de chabolas en las afueras de Ciudad del Cabo. Las autoridades sudafricanas negaron que la muerte estuviera vinculada a las protestas, pero el relato ya había encendido las capitales de África Occidental.

La respuesta diplomática no se hizo esperar. Ghana declinó una visita de Estado del presidente Cyril Ramaphosa prevista para agosto, argumentando que la seguridad y la dignidad de sus ciudadanos en Sudáfrica no estaban garantizadas. Fuentes en Accra señalaron que también se evaluaron los riesgos que la presencia del mandatario podría generar en el propio territorio ghanés, dado el clima de opinión pública. Casi al mismo tiempo, Nigeria anunció un cuarto vuelo de evacuación para repatriar a 270 de sus nacionales y advirtió que “no hay señales de que la situación esté mejorando”. La ministra de Exteriores nigeriana, Bianca Odumegwu-Ojukwu, exigió investigar la muerte de dos nigerianos, Musa Yunana Joe y Charles Iroegbu, aunque la policía sudafricana sostuvo que el primer caso no guardaba relación con las marchas. Desde Pretoria, la ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, acusó a Ghana de difundir “información falsa” y de perpetuar una “narrativa falsa de que Sudáfrica es xenófoba”, en un cruce de declaraciones que tensó una relación bilateral históricamente cordial.

Detrás de la retórica incendiaria, analistas en Johannesburgo y Lagos coinciden en que la crisis migratoria es el síntoma de un mal más profundo. Sudáfrica, con 62 millones de habitantes, alberga entre 2,4 y 4 millones de extranjeros, una proporción que difícilmente explica el desempleo que golpea a uno de cada tres adultos y a más de la mitad de los jóvenes. La desigualdad, la más alta del planeta según el coeficiente de Gini, y los apagones crónicos de la empresa estatal Eskom dibujan un Estado que, en palabras de observadores locales, ha abdicado de sus funciones básicas. El propio Ramaphosa condenó la violencia, pero en el mismo discurso prometió deportaciones más rápidas y desplegó tres mil militares en todas las provincias. El partido gobernante, el Congreso Nacional Africano, se tambalea entre escándalos de corrupción y la erosión de su legitimidad histórica.

El 30 de junio no entregó el baño de sangre que muchos temían, pero sí una cita fija en el calendario. Cada jueves, hasta noviembre, los grupos antiinmigrantes volverán a ocupar las calles para decidir, como un ritual sombrío, quién sobra y quién no. Mientras, en los muros de las ciudades sudafricanas, la pintada del ultimátum se descascarilla lentamente, pero su eco resuena en las cancillerías de un continente que observa con creciente inquietud.