El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó este martes al Congreso la aprobación inmediata del paquete legislativo “Reconciliation 3.0”, que incluye 350.000 millones de dólares para el Departamento de Defensa y la controvertida “Save America Act”, una iniciativa que exigiría prueba de ciudadanía para registrarse como votante. La exigencia, difundida en su red Truth Social mientras se dirigía a la cumbre de la OTAN en Ankara, estuvo acompañada de la afirmación de que las Fuerzas Armadas “nunca han sido más fuertes” y de que el Departamento de Guerra “nunca ha estado más caliente”. La petición se produce después de que la guerra con Irán dejara, según informes de inteligencia citados en Washington, las reservas de armamento estadounidense considerablemente mermadas, lo que obligó al Ejecutivo a reunirse con fabricantes nacionales para acelerar la producción.

Desde la óptica de Washington, el aumento del gasto militar responde a la necesidad de mantener la superioridad frente a China y Rusia, reponer el arsenal empleado en las operaciones contra Irán y garantizar la protección de rutas energéticas como el estrecho de Ormuz. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, replicó el mensaje presidencial en la red X. Sin embargo, en el Capitolio la propuesta enfrenta resistencias: varios miembros republicanos del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes han condicionado su voto a que el desembolso esté plenamente compensado cada año, mientras que el House Freedom Caucus exige incluir la eliminación de créditos fiscales a energías limpias y la prohibición de financiar a proveedores de aborto. La “Save America Act”, que Trump ha amenazado con convertir en condición para sancionar cualquier otra ley, añade un elemento de presión legislativa que, según analistas en Washington, podría retrasar la tramitación del presupuesto.

En las capitales europeas, la cumbre de la OTAN se desarrolla bajo la exigencia estadounidense de que los aliados incrementen su gasto en defensa hasta el 5 % del producto interior bruto, muy por encima del 2 % acordado en 2014 y que varios países aún no alcanzan. Fuentes de la Alianza señalan que la administración Trump insiste en que la carga financiera de la seguridad europea no puede recaer de forma desproporcionada sobre el contribuyente estadounidense, un argumento que reaviva tensiones previas y que se ve reforzado por el contexto de la guerra con Irán y la necesidad de proteger el flujo energético global. Analistas en Bruselas apuntan que la presión de Washington podría acelerar los planes nacionales de inversión, pero también generar fricciones con gobiernos que priorizan el gasto social.

El paquete “Reconciliation 3.0” deberá ser debatido en el Comité de Presupuesto tan pronto como el Congreso reanude sus sesiones. La Casa Blanca confía en que las iniciativas de lucha contra el fraude cubran el costo, pero las divisiones internas republicanas y la oposición demócrata perfilan un camino legislativo complejo. Mientras, la cumbre de la OTAN tiene previsto emitir un comunicado que inste a acelerar los planes de inversión en defensa. En paralelo, la admisión de Trump de haber presionado personalmente al presidente de la FIFA para levantar una sanción a un delantero estadounidense —gestión que no evitó la derrota por 4-1 ante Bélgica— ilustra, según observadores en América Latina, un estilo de proyección de poder que el mandatario traslada tanto al ámbito deportivo como a la arquitectura de seguridad transatlántica.