El Gobierno británico ha lanzado una consulta de doce semanas para imponer el empaquetado genérico a los cigarrillos electrónicos, limitando los colores a blanco, negro o gris y prohibiendo nombres de sabores que evoquen golosinas, postres o alcohol. La medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad, responde a datos que muestran que casi uno de cada cinco adolescentes de entre 11 y 17 años ha probado el vapeo, según una encuesta encargada por la organización Action on Smoking and Health. Investigaciones del University College de Londres y el King’s College revelan que el interés de los jóvenes por probar estos productos cae del 53 % al 38 % cuando se presentan en envases estandarizados, mientras que la atracción de los adultos fumadores no varía, lo que refuerza la tesis de que el diseño colorido actúa como un imán para los menores sin afectar la decisión de quienes buscan dejar el tabaco.

Al otro lado del Atlántico, el debate canadiense sobre la prohibición de los sabores en los vapeadores lleva cinco años estancado. Datos de la Encuesta Canadiense de Tabaco y Nicotina de 2024 indican que el vapeo entre los jóvenes de 12 a 17 años ha caído más del 60 % desde su pico en 2019, situándose en el 6 %, mientras que el tabaquismo diario en ese grupo no llega al 2 %. Analistas en Ottawa subrayan que la aplicación de la normativa existente, mediante programas de comprobación con compradores encubiertos y sanciones efectivas a los minoristas, podría ser más eficaz que una prohibición total que, según estudios estadounidenses, duplica las probabilidades de que los fumadores adultos dejen el cigarrillo al utilizar líquidos con sabores frutales.

Estos procesos regulatorios se desarrollan en un momento de fragilidad para la participación democrática en varias sociedades occidentales. En Suecia, apenas el 2 % de los electores está afiliado a un partido político, frente al 19 % de hace medio siglo, lo que reduce la base de ciudadanos que intervienen en la elaboración de políticas. En Canadá, el envejecimiento del electorado —con una participación del 78 % entre los votantes de 65 a 74 años frente al 56 % entre los de 18 a 24— ha desplazado las prioridades hacia la defensa de las pensiones y la sanidad, y ha estrechado el espacio para reformas que apelen a la asunción de riesgos o al emprendimiento, según observadores en Toronto. Esta dinámica condiciona el margen de los gobiernos para diseñar regulaciones que satisfagan tanto a una juventud que no vota masivamente como a una población mayor que exige protección estatal.

La consulta británica estará abierta durante tres meses y sus resultados podrían traducirse en legislación que equipare los vapeadores al tabaco convencional, siguiendo el precedente del empaquetado neutro de cigarrillos de 2017. En Canadá, el futuro de la prohibición de sabores sigue sin fecha, mientras los expertos en reducción de daños insisten en que cualquier restricción debe ir acompañada de un refuerzo en el control de la venta a menores. El siguiente hito será la publicación de las respuestas a la consulta en Londres y, previsiblemente, la reanudación del debate parlamentario en Ottawa tras el receso estival.