Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la noche del miércoles el centro-norte de Venezuela, con epicentros cercanos a las localidades de Morón y San Felipe, en el estado Carabobo. Las autoridades venezolanas, encabezadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, confirmaron inicialmente 164 fallecidos y 971 heridos, aunque balances posteriores de algunas fuentes elevan la cifra a 188 muertos y más de 1.500 lesionados. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) proyecta, en su evaluación preliminar, un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 víctimas mortales, además de cuantiosas pérdidas económicas.

El estado costero de La Guaira fue declarado zona catastrófica. Según testimonios recogidos por la Iglesia local, la región se encuentra sin electricidad y con numerosos edificios colapsados, entre ellos un hotel de ocho plantas. El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, informó que la catedral capitalina y una docena de templos sufrieron daños estructurales severos, y subrayó que el balance humano habría sido mucho mayor de no haberse producido los sismos en un día festivo.

En las primeras horas tras la catástrofe, el papa León XIV dispuso el envío de 100.000 euros a través de la Limosnería Apostólica, canalizados mediante la Nunciatura y el Arzobispado de Caracas para atender necesidades urgentes. Cáritas Internationalis anunció una donación de igual cuantía, que se sumará a la red de unos 30.000 voluntarios de Cáritas Venezuela. Desde distintas capitales, gobiernos de América Latina y Europa —entre ellos México, Brasil, España, Francia y Estados Unidos— han ofrecido equipos de rescate, asistencia médica y ayuda humanitaria. Brasil, a través de su ministro de Salud, se declaró listo para enviar insumos y personal sanitario, aunque hasta el momento no se ha formalizado una solicitud oficial por parte de Caracas.

Los terremotos agravan la ya delicada situación de un país que arrastra una prolongada crisis económica y social. El diario Financial Times, citado por Vatican News, reveló que el Gobierno venezolano se dispone a presentar una deuda pública total de unos 240.000 millones de dólares, en el marco de una reestructuración que busca devolver al país a los mercados internacionales. Mientras las tareas de rescate continúan, el Gobierno mantiene el estado de emergencia y el balance de víctimas sigue siendo provisional.