La publicación de un testimonio detallado de un exagente de la inteligencia marroquí, junto con nuevos análisis forenses de Amnistía Internacional, ha reavivado el escándalo Pegasus al confirmar que los servicios de seguridad del reino utilizaron el programa espía israelí para vigilar a periodistas, activistas, diplomáticos y jefes de Gobierno extranjeros. De forma paralela, un estudio del Observatorio Marroquí de Vigilancia Mediática y Digital documenta cómo la participación del país en el Mundial de fútbol de 2026 se ha convertido en blanco de contenidos digitales provocadores que buscan erosionar su imagen, lo que dibuja un escenario de doble disputa: la ofensiva de cibervigilancia atribuida a Rabat y las campañas de desinformación que, según el reino, sufre en el espacio digital.

Desde Rabat, las autoridades mantienen un desmentido categórico y han presentado querellas por difamación en Francia y España. La Audiencia Nacional española archivó la causa en julio de 2023 por falta de pruebas que vincularan las intrusiones con un Estado concreto, una decisión que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acompañó con un prudente silencio diplomático. En contraste, el consorcio de medios que destapó el caso en 2021 —con cabeceras como The Guardian, Le Monde y El Confidencial— sostiene que los nuevos documentos internos, los registros de objetivos y el testimonio del agente identificado como “Safir” demuestran que la Dirección General de Seguridad Nacional (DGST) integró Pegasus en su cadena de mando bajo la supervisión del consejero real Fouad Ali El Himma, con financiación de Emiratos Árabes Unidos.

Desde Argel y el Frente Polisario, las revelaciones se interpretan como la confirmación de una alianza represiva entre Marruecos e Israel. El académico saharaui Mohamed Bachir Lahsen, cuyo teléfono fue infectado, califica los hechos de “crimen político y moral” y anuncia que las víctimas recurrirán a tribunales europeos. La exembajadora argelina en Madrid, Taous Feroukhi, figura entre los diplomáticos espiados en territorio español, lo que Argel considera una agresión a su soberanía. Mientras, el estudio del observatorio marroquí subraya que las plataformas digitales se han transformado en un campo de competencia simbólica donde la identidad nacional y la reputación se disputan con herramientas que van desde la desinformación hasta la polarización identitaria, especialmente entre cuentas marroquíes, argelinas y egipcias.

La coexistencia de estas dos dinámicas —el espionaje masivo y la vulnerabilidad frente a contenidos hostiles— revela, según analistas en Bruselas, la centralidad de la esfera digital en la proyección de poder y en las tensiones regionales del Magreb. Pese a la gravedad de las acusaciones, las relaciones de Marruecos con París y Madrid han sorteado la crisis: Francia reconoció en 2024 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y España consolidó una asociación estratégica, gestos que, desde la óptica de las capitales europeas, responden a cálculos geopolíticos que trascienden el escándalo. El sumario judicial sigue abierto en Francia y las víctimas preparan nuevas acciones legales, mientras el consorcio periodístico anuncia la publicación de más pruebas en las próximas semanas.