La morosidad bancaria se ha convertido en un termómetro inquietante de la salud financiera de los hogares en varias economías en desarrollo. En Argentina, los analistas del sector advierten que el impago de préstamos personales y tarjetas de crédito ha vuelto a encender las alarmas, reflejando la brecha entre unos ingresos estancados y un coste de vida que no cede. Las familias, que durante meses recurrieron al crédito para sostener el consumo cotidiano, hoy se enfrentan a un financiamiento más caro y a presupuestos domésticos asfixiados, lo que dispara los atrasos. Este deterioro de la cartera bancaria no es un fenómeno aislado: en Brasil, una encuesta de la Confederación Nacional de la Industria revela que el 45% de las empresas manufactureras prevé aumentar su endeudamiento con los bancos en el próximo trimestre, pese al elevado costo del crédito. La necesidad de financiar gastos corrientes e inventarios está empujando al sector productivo a asumir más pasivos, en un contexto de política monetaria restrictiva que aún no logra domar la inflación sin enfriar la actividad.

Desde la óptica de Daca, las tensiones crediticias adoptan un perfil distinto pero igualmente preocupante. El presupuesto nacional de Bangladés para el ejercicio 2026-27, el mayor de su historia con 9,38 billones de takas, ha despertado el temor de los empresarios a un efecto de desplazamiento del sector privado. Los líderes industriales advierten que, si el gobierno recurre masivamente al endeudamiento bancario para financiar el ambicioso gasto público, las compañías locales quedarán sin acceso al crédito necesario para expandirse. Este escenario, sostienen, haría inviable la meta oficial de crecimiento del 6,5% y, al frustrar la recaudación tributaria prevista, obligaría a exprimir aún más a los contribuyentes existentes, estrangulando la inversión productiva.

La paradoja presupuestaria no termina ahí. El mismo plan de gasto que duplica la asignación para salud —llevándola a un récord de 69.409 millones de takas— y que elimina impuestos sobre filtros de diálisis o materias primas oncológicas, contiene una política fiscal sobre el tabaco que, según expertos en salud pública, sabotea esos avances. El aumento del precio de los cigarrillos se diseñó de tal modo que el beneficio adicional va a parar a los bolsillos de las tabacaleras, no al erario ni a la disuasión del consumo. Mientras el gobierno reconoce la prevención de enfermedades no transmisibles como prioridad nacional, la estructura impositiva revela una contradicción que los analistas califican de decisión deliberada en favor de la industria.

En medio de estas turbulencias fiscales, Bangladés ofrece también una señal de maduración democrática que merece atención. Por primera vez, el partido ciudadano NCP y la principal fuerza de oposición, Jamaat-e-Islami, presentaron presupuestos alternativos completos antes del debate parlamentario, emulando el modelo Westminster de «gobierno en la sombra». Junto con el escrutinio detallado de centros de pensamiento como el CPD, esta práctica introduce una competencia programática que trasciende la mera confrontación política. La pregunta que flota en Daca es si estos documentos servirán como materia prima para mejorar el presupuesto nacional o quedarán reducidos a insumos de la retórica partidista.

El panorama que dibujan estas tres economías —Argentina, Brasil y Bangladés— revela un hilo conductor: la dificultad de calibrar políticas fiscales y monetarias en un entorno de recuperación frágil. Mientras los hogares argentinos se atrasan en sus pagos y las fábricas brasileñas se endeudan para operar, el sur de Asia ensaya una ambiciosa expansión del gasto público que podría asfixiar al sector privado si no se gestiona con precisión. La calidad institucional, medida en transparencia presupuestaria y coherencia entre objetivos de salud y política tributaria, emerge como el factor diferencial que determinará si estas tensiones se transforman en crisis o en ajustes virtuosos.