El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó el lunes una propuesta normativa que elevaría el costo de la solicitud de naturalización (formulario N-400) de 760 a 1.330 dólares en papel y de 710 a 1.280 dólares en línea, un incremento de entre el 75% y el 80%. La iniciativa también elimina la tarifa reducida para hogares con ingresos inferiores al 400% de la línea federal de pobreza y suprime las exenciones de pago, salvo para miembros actuales y anteriores de las Fuerzas Armadas. El DHS argumenta que las tasas vigentes no cubren el costo total de la revisión exhaustiva de las solicitudes, que incluye controles adicionales de seguridad y verificación de antecedentes reforzados por órdenes ejecutivas del presidente Trump. Expertos en derecho migratorio en Estados Unidos advierten que la medida, de entrar en vigor tras el período de comentarios públicos de 60 días, encarecería de forma sustancial el acceso a la ciudadanía para inmigrantes de bajos recursos, en particular para comunidades latinoamericanas con presencia significativa en el país.

En paralelo, el gobierno de Japón anunció que a partir del 1 de julio de 2026 las tarifas de visado sufrirán el primer ajuste desde 1978. El visado de entrada única pasará de 3.000 a 15.000 yenes (aproximadamente de 18 a 93 euros), y el de entrada múltiple de 6.000 a 30.000 yenes. Las tasas de renovación o cambio de estatus de residencia también se encarecen, y la solicitud de residencia permanente saltará de 10.000 yenes a un rango de 200.000 a 300.000 yenes. Desde Tokio se justifica la decisión por la inflación, la depreciación del yen y la necesidad de financiar la digitalización del sistema migratorio y el refuerzo de la vigilancia fronteriza. Analistas en Pekín señalan que los turistas chinos —el principal mercado emisor que requiere visado— serán los más afectados, aunque fuentes del sector apuntan que los solicitantes de visados múltiples ya enfrentaban umbrales económicos elevados y el alza no disuadirá a los viajeros de mayor poder adquisitivo.

A estas modificaciones se suma una regla final provisional del DHS, vigente desde el 29 de mayo, que impone una Tarifa Anual de Asilo de al menos 100 dólares para cada año en que un formulario I-589 permanezca sin resolución. El aviso de pago otorga 30 días; de no abonarse, la solicitud es rechazada y se revoca cualquier permiso laboral asociado. El plazo para enviar comentarios sobre esta norma vence el 29 de junio, tras lo cual el DHS podrá adoptarla de forma definitiva. Organizaciones de defensa de los solicitantes de asilo consideran que la exigencia añade una barrera económica a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la óptica de Bruselas y de capitales latinoamericanas, ambos movimientos reflejan una tendencia en economías desarrolladas a trasladar el costo íntegro de los trámites migratorios a los solicitantes, bajo el argumento de autofinanciamiento de las agencias. En el caso estadounidense, la propuesta se enmarca en una política más amplia de restricción de las vías legales de inmigración, mientras que en Japón el incremento busca equiparar las tarifas a las de otros países industrializados. El expediente estadounidense queda ahora abierto a la participación ciudadana antes de una eventual regla final; la subida japonesa, en cambio, tiene fecha cierta de aplicación en 2026.