La Unión Europea y varios de sus Estados miembros han comenzado a establecer contactos operativos directos con el régimen talibán con el fin de agilizar el retorno forzoso de ciudadanos afganos. Bélgica otorgó visados de un día, válidos exclusivamente para su territorio y no para el espacio Schengen, a una delegación encabezada por el portavoz de la cancillería afgana, Abdul Qahar Balkhi, para una reunión técnica en Bruselas. De forma paralela, Alemania anunció la llegada de cuatro nuevos funcionarios consulares talibanes a Berlín, que se suman a los dos ya presentes desde mediados de 2025, con el encargo de expedir pasaportes a personas con orden de expulsión. Se trata de la primera vez que representantes del gobierno de facto de Kabul son invitados a la sede de las instituciones comunitarias, pese a que el bloque no reconoce al régimen.

Desde la óptica de Berlín, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, enmarca la medida en un imperativo de seguridad: «Quien abusa de nuestra protección y comete delitos graves debe buscar su futuro en su país de origen». Para ello, su departamento planea establecer un «puente aéreo de deportación» permanente con tres vuelos chárter mensuales, tras unas negociaciones secretas en Estambul. En Bruselas, el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, describió el encuentro como una reunión técnica de seguimiento de otra celebrada en Afganistán en enero, y precisó que responde a una solicitud de una veintena de Estados miembros —coordinados por Suecia— para repatriar de forma conjunta a individuos que han cometido delitos en Europa y no tienen derecho a protección internacional. El gobierno belga, en su calidad de país anfitrión, facilitó los visados tras una verificación de seguridad, aunque su ministro de Exteriores, Maxime Prévot, expresó su desaprobación personal y subrayó que la iniciativa no equivale a una invitación de Bélgica. España no figura entre los países solicitantes.

El giro pragmático de la UE se produce en un contexto de endurecimiento general de las políticas migratorias, apenas unos días después de que la Eurocámara aprobara el reglamento de retornos que permite la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario. Organizaciones de derechos humanos advierten de los riesgos de normalizar relaciones con regímenes que vulneran sistemáticamente las libertades fundamentales. Amnistía Internacional condenó la cooperación europea con las autoridades libias —un país fracturado donde, según la Organización Internacional para las Migraciones, residían unos 900.000 migrantes y refugiados a mediados de 2024— y acusó a la UE de complicidad en abusos al financiar a la guardia costera libia. En un eco de esa crítica, las principales centrales sindicales sudafricanas emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan que se convierta a los migrantes en chivos expiatorios de la crisis económica, atribuyen los problemas a fallos de gobernanza y corrupción, y alertan contra campañas xenófobas que alimentan la división y la violencia.

Para analistas en Kabul, la disposición talibán a cooperar responde al interés de obtener un reconocimiento de facto y de controlar la identificación de sus nacionales antes de cualquier expulsión. El Ministerio de Exteriores alemán ha indicado que someterá a los candidatos propuestos a una verificación exhaustiva antes de expedir los visados. La reunión de Bruselas está prevista de forma inminente, mientras el Consejo Europeo ya ha sido escenario de fricciones sobre la financiación de infraestructuras de retorno, un debate que, según fuentes diplomáticas, continuará en las próximas semanas.