El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes una nueva ronda de sanciones contra trece personas y entidades vinculadas al liderazgo iraní, en una decisión que profundiza la presión financiera sobre Teherán tras la reanudación de los ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz. El objetivo central es Ali Ansari, un banquero y empresario radicado en Dubái a quien Washington señala como facilitador clave del nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei. Las sanciones también alcanzan a tres casas de cambio iraníes y a empresas pantalla en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), movilizan miles de millones de dólares anuales para bancos iraníes ya sancionados, utilizando capas de sociedades ficticias para ocultar la actividad ilícita del gobierno.

Desde la óptica de la administración Trump, la acción busca cortar las vías de financiamiento que sostienen a la élite gobernante y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el departamento “seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance” para aislar a Khamenei y a otros altos cargos del sistema financiero global, y agregó que los activos bloqueados serán preservados para el pueblo iraní. La medida se produce después de que Washington revocara una licencia que permitía a Irán vender petróleo sin penalizaciones y de que el presidente Donald Trump declarara terminado el memorando de entendimiento bilateral, aunque precisó que las negociaciones continúan a pedido de Teherán. Para analistas en Washington, la combinación de sanciones y represalias militares —que incluyeron bombardeos contra más de 170 objetivos en Irán— configura una estrategia de “disuasión por castigo” que pretende elevar el costo de cualquier nueva agresión iraní en el Golfo.

En Teherán, el principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que el país está preparado para una “defensa total” y que la guerra no terminará con una rendición. Observadores en Oriente Medio señalan que la respuesta estadounidense refleja la frustración de Washington ante lo que considera una interpretación errónea de los gestos de distensión previos: mientras la Casa Blanca entendía el alivio de sanciones como un incentivo para garantizar la libertad de navegación, sectores del IRGC habrían visto en ello una señal de debilidad. Analistas en Beirut apuntan que el régimen iraní no es un bloque monolítico y que el ala más dura apuesta por mantener la presión en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial, lo que añade un factor de volatilidad a los mercados energéticos globales.

Las sanciones congelan de inmediato todos los activos de los designados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y exponen a sanciones secundarias a cualquier institución financiera que realice transacciones con ellos. Con esta ofensiva, el Tesoro afirma haber institucionalizado el combate a lo que describe como un desfalco sistemático de fondos públicos iraníes, desviados hacia un entramado de propiedades de lujo en Europa y el Golfo. El dossier queda abierto: mientras prosiguen los contactos diplomáticos, la administración Trump mantiene la amenaza de nuevos bombardeos y el cerco financiero, en un forcejeo que, según analistas en América Latina, podría repercutir en los precios del crudo y en la estabilidad de las rutas marítimas globales durante las próximas semanas.