La base de apoyo naval de Estados Unidos en Bahréin, cuartel general de la Quinta Flota, sufrió daños estructurales muy superiores a los reconocidos públicamente por el Pentágono, según una investigación basada en fuentes castrenses, imágenes de satélite y vídeos difundidos en redes sociales. El puesto de mando quedó inutilizado, dos terminales de comunicación satelital —valorados en unos 20 millones de dólares cada uno— fueron destruidos y al menos una decena de edificios, entre ellos barracones, almacenes y un hangar de la Fuerza de Tarea 59, resultaron gravemente afectados. El costo de reconstrucción de las estructuras físicas se estima en 400 millones de dólares, cifra que no incluye la remoción de escombros ni el reemplazo de equipos tecnológicos y militares.

Desde Washington, portavoces del Comando Central han subrayado que la prioridad fue proteger al personal y que, de los más de 8.000 misiles y drones lanzados por Irán, solo dos impactos provocaron bajas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó ofrecer una evaluación económica precisa ante el Congreso, mientras que la oficina de presupuesto del Pentágono confirmó que el cálculo oficial del costo de la guerra —29.000 millones de dólares— no contempla la rehabilitación de las bases. En Teherán, la operación «Promesa Verdadera 4» se presenta como una respuesta legítima a la campaña conjunta de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero de 2026; la Guardia Revolucionaria ha reivindicado impactos exitosos contra múltiples instalaciones estadounidenses en la región.

La magnitud de los destrozos ha activado una revisión integral de la huella militar norteamericana en Oriente Medio. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por la prensa estadounidense, el Pentágono estudia reducir la presencia en Kuwait y Arabia Saudita, trasladar capacidades hacia el oeste —Israel figura como uno de los posibles destinos— y soterrar centros de mando para mitigar la exposición a los misiles balísticos y drones iraníes. En paralelo, Manama ha adoptado medidas internas como el despojo de nacionalidad a decenas de personas y condenas a cadena perpetua por presunta colaboración con Teherán, lo que refleja la inquietud de las monarquías del Golfo ante la vulnerabilidad de las instalaciones aliadas.

El episodio se inscribe en una escalada que, según centros de análisis en Washington, ha evidenciado la mejora en el alcance y la precisión del arsenal iraní durante la última década. La administración estadounidense presionó en abril a los operadores de satélites comerciales para restringir el acceso público a las imágenes de los daños, medida que, a juicio de legisladores, limitó la transparencia sobre el alcance real de las afectaciones. El dossier sigue abierto: las deliberaciones sobre la reorganización de las fuerzas continúan en el nivel de los mandos militares, sin que se haya adoptado una decisión definitiva sobre el futuro de las bases en el Golfo.