La Duma Estatal de Rusia tiene previsto votar el 22 de julio, en segunda lectura, un proyecto de ley que amplía las restricciones contra ciudadanos rusos que permanecen en el extranjero y son considerados prófugos de condenas penales o administrativas por motivos políticos. Según los textos publicados por el propio legislativo, la nueva versión prohíbe de forma explícita el acceso a las aplicaciones móviles y los portales de banca en línea, bloquea cualquier operación de compraventa o registro de bienes inmuebles y suprime los servicios consulares —incluida la emisión de pasaportes— para las personas incluidas en un registro que llevará el Ministerio de Justicia. A diferencia del borrador inicial, la ley entraría en vigor inmediatamente después de su firma, sin período de adaptación, y las medidas se aplicarían desde el día siguiente a la inscripción en dicha lista.

Desde la óptica del presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, la iniciativa busca garantizar «la inevitabilidad del castigo» y el «imperio de la ley» frente a quienes, según sus declaraciones, esperan «subvenciones de sus amos occidentales» para eludir la justicia rusa. Las autoridades parlamentarias enmarcan la norma en un paquete más amplio de endurecimiento migratorio y de seguridad, que incluye la ampliación de las causales de expulsión de extranjeros y la anulación de permisos de residencia para quienes tengan antecedentes penales. En contraste, analistas y medios independientes en Moscú interpretan la medida como un intento de asfixiar económicamente a la disidencia en el exilio, al impedir que los afectados gestionen su patrimonio o reciban asistencia estatal básica, incluso sin una sentencia judicial firme en muchos casos.

El proyecto abarca a quienes hayan sido condenados por delitos como la «desacreditación» de las fuerzas armadas, la participación en organizaciones «indeseables», los llamamientos a sanciones contra Rusia o la violación de la ley de «agentes extranjeros». Además de la congelación de activos, el texto permite que los tribunales embarguen fondos de esas cuentas para cubrir costas procesales, indemnizaciones o demandas por difamación, y que el dinero remanente se destine a familiares que permanezcan en territorio ruso. De forma paralela, fuentes del ámbito jurídico independiente han señalado que una comisión interministerial de lucha contra el terrorismo ya está aplicando bloqueos extrajudiciales de cuentas y propiedades a figuras culturales vinculadas a iniciativas como el festival «SlovoNovo» del galerista Marat Guelman, sin necesidad de incluirlas en listas oficiales de terroristas.

El contexto normativo se ha ido estrechando desde 2024: en ese período se aprobaron una treintena de leyes federales en materia migratoria y de seguridad, y el mes pasado el presidente Vladímir Putin promulgó una norma que permite confiscar bienes de rusos en el exterior acusados de actuar «contra los intereses de Rusia». La votación del 22 de julio se produce en la última semana de sesiones de la actual legislatura, por lo que se espera que el proyecto sea aprobado sin obstáculos y remitido de inmediato al Consejo de la Federación. Si la cámara alta lo ratifica y el presidente lo firma, las restricciones entrarán en vigor el mismo día de su publicación oficial.