El 21º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia se encuentra paralizado por la oposición de al menos seis Estados miembros, encabezados por Grecia, que rechaza la propuesta de prohibir a las navieras comunitarias el transporte de gas natural licuado (GNL) ruso a terceros países. Según fuentes diplomáticas citadas por Financial Times y Bloomberg, las negociaciones entre los embajadores de los Veintisiete se prolongaron durante cuatro días sin acuerdo, lo que obligó a posponer la decisión hasta una nueva reunión prevista para el 22 de julio.

La resistencia griega se centra en el impacto sobre su flota mercante, en particular la compañía Dynagas, que opera buques metaneros de clase ártica diseñados para el proyecto Yamal LNG. Atenas sostiene que el veto perjudicaría gravemente a un sector estratégico sin mermar los ingresos de Moscú, ya que el gas sería transportado por navieras asiáticas. Junto a Grecia, Portugal y Alemania exigen eliminar la prohibición de importar pescado ruso para proteger su industria transformadora; Francia e Italia piden suavizar las restricciones a la concesión de visados a militares rusos que participaron en la guerra de Ucrania; y Austria reclama el desbloqueo de unos 2.000 millones de euros en activos rusos congelados para compensar una multa impuesta por Moscú al banco Raiffeisen.

La amplitud de las excepciones exigidas ha llevado a diplomáticos europeos a advertir, según recoge la prensa internacional, que los paquetes de sanciones corren el riesgo de convertirse en “cáscaras vacías” si cada país antepone sus intereses económicos. Desde Bruselas, la Comisión Europea insiste en mantener la prohibición del transporte de GNL, pero admite que se estudian escenarios de compromiso: un período transitorio de 24 meses, la prórroga de los contratos vigentes o, en última instancia, la retirada de esa medida o de todo el paquete. Paralelamente, se ha acordado congelar temporalmente el tope al precio del petróleo ruso para evitar que se dispare de forma automática.

Desde Moscú, el senador Alexandr Voloshin interpretó el bloqueo como la confirmación de que la política de sanciones ha alcanzado su “límite natural”, pues los gobiernos europeos ya no están dispuestos a asumir costes internos. Analistas rusos citados por medios como Lenta.ru y Vedomosti subrayan que la oposición no proviene de los gobiernos, sino de fuerzas opositoras que, no obstante, difícilmente podrán alterar el rumbo debido al sistema “semiautoritario” que, a su juicio, impulsa la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. En paralelo, la UE mantiene su ofensiva en otros frentes: Bruselas acusó formalmente a los servicios de inteligencia rusos de ciberataques contra infraestructuras críticas y gobiernos europeos, y coordina con el Reino Unido nuevas sanciones en ese ámbito.

La reunión de los representantes permanentes del 22 de julio se perfila como decisiva. La Comisión está ultimando un análisis de impacto económico que podría facilitar un acuerdo, pero la falta de unanimidad amenaza con retrasar o descafeinar un paquete que, en su versión original, buscaba golpear los ingresos energéticos del Kremlin. Mientras, el bloque comunitario se enfrenta a un dilema estratégico: mantener la presión sobre Rusia sin fracturar su cohesión interna ni dañar sectores económicos clave.