El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó el 20 de julio al encargado de negocios italiano, Giovanni Scopa, y le notificó la expulsión del ayudante del agregado de Defensa, Vittorio Parrella, y del agregado de la embajada Davide D'Aprile. La decisión, comunicada como aplicación del principio de reciprocidad, responde a la exigencia que Roma planteó el 9 de julio a dos agregados militares rusos —Ivan Gorbachev y Mikhail Astakhov— de abandonar Italia en un plazo de tres días. La cancillería rusa subrayó que “ninguna acción hostil o provocadora contra diplomáticos rusos quedará sin una respuesta adecuada”, y fijó el mismo plazo perentorio para que los funcionarios italianos y sus familias salgan del territorio de la Federación.

Desde Moscú se enmarca la medida como una reacción simétrica ante lo que califica de “exigencias infundadas” de la parte italiana. La portavoz de Exteriores, María Zajárova, rechazó la caracterización de “venganza” hecha por el ministro Antonio Tajani y la describió como una “medida de respuesta” a las acciones del Gobierno italiano. En esa línea, fuentes diplomáticas rusas citadas por agencias estatales insistieron en que la expulsión de los dos agregados italianos no constituye un acto aislado, sino la contrapartida obligada a un movimiento que, a su juicio, carecía de base jurídica y se inscribía en una campaña más amplia de restricciones occidentales contra las legaciones rusas.

En Roma, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, calificó la expulsión de “acto de represalia flagrante” y sostuvo que los dos agregados rusos habían sido “sorprendidos in fraganti mientras realizaban actividades de espionaje que perjudicaban la seguridad nacional”. El Gobierno italiano vinculó aquella expulsión con una investigación de la Fiscalía de Roma que, según filtraciones recogidas por la prensa transalpina, apuntaba a la obtención de información sobre el sistema de defensa aérea SAMP/T y los misiles Aster, material que podría ser transferido a Ucrania. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Maurizio Gasparri, expresó “plena solidaridad” con los funcionarios italianos y denunció lo que consideró una “prepotencia” de Moscú, al tiempo que Tajani insistió en que la decisión italiana se basó en hechos probados, mientras que la rusa obedecía a una lógica política.

El episodio se produce en un contexto de reiteradas expulsiones cruzadas entre capitales europeas y Moscú desde el inicio de la guerra en Ucrania. En abril de 2022, Italia ya había declarado persona non grata a 30 diplomáticos rusos, a lo que Rusia respondió con la expulsión de 24 italianos. Analistas en Bruselas observan que estos movimientos, aunque formalmente bilaterales, suelen coordinarse en el seno de la Unión Europea y reflejan una estrategia de contención frente a lo que varios gobiernos occidentales describen como “guerra híbrida” rusa. Desde América Latina, observadores señalan que la frecuencia de estas expulsiones consolida un patrón de respuesta recíproca que reduce los canales diplomáticos y dificulta la gestión de crisis.

El expediente queda abierto a eventuales nuevas medidas, aunque por el momento no se han anunciado pasos adicionales. Los dos diplomáticos italianos deberán abandonar Rusia en el plazo fijado, mientras que la representación diplomática italiana en Moscú queda temporalmente mermada en su sección militar. La tensión bilateral, según fuentes comunitarias, se mantendrá en un nivel elevado mientras persista el conflicto en Ucrania y los países europeos continúen investigando presuntas redes de inteligencia rusas en su territorio.