La Comisión Electoral Central de Rusia (CEC) registró el 23 de julio la lista federal de Rusia Justa, el último de los cinco partidos con representación parlamentaria en formalizar su participación en las elecciones a la Duma Estatal del próximo septiembre. Con este paso, la CEC cierra la fase de inscripción de las fuerzas que ya integraban la cámara saliente: Rusia Unida (390 candidatos), el Partido Comunista (329), Gente Nueva (297), el Partido Liberal-Demócrata (246) y Rusia Justa (260). La votación está prevista entre el 18 y el 20 de septiembre, en un contexto que, según analistas en Moscú, combina una alta disciplina legislativa —el octavo mandato que concluye aprobó más de 2.500 leyes, un récord histórico, con un 97,5 % de votaciones unánimes— y un control casi total del proceso por parte de Rusia Unida, formación que logró convertir en ley el 58 % de sus proyectos, de acuerdo con un estudio de los politólogos Alexéi Martýnov y Pável Danilin.

En paralelo, la dirección de Rusia Unida presentó los avances de su nueva “Programa Popular”, el documento que servirá de plataforma electoral. El presidente del partido, Dmitri Medvédev, informó que se recibieron casi tres millones de propuestas ciudadanas, superando los 2,5 millones de 2021. Desde la óptica del partido gobernante, las prioridades identificadas son la reducción de las desigualdades regionales y, de manera central, la respuesta al desafío demográfico. Medvédev subrayó que la preservación y el crecimiento de la población rusa serán el eje del programa para los próximos cinco años, vinculando el bienestar futuro del país a la institución familiar. Observadores en Bruselas interpretan este énfasis como un intento de movilizar a un electorado preocupado por la cohesión social, en un momento en que la economía y la seguridad siguen marcadas por las sanciones internacionales y la operación militar en Ucrania.

La publicación de las declaraciones patrimoniales por parte de la CEC ha desplazado parte de la atención hacia la concentración de riqueza entre los candidatos. El líder de Gente Nueva, Alexéi Necháev, declaró ingresos por 1.400 millones de rublos, procedentes en su mayoría de una empresa de microfinanzas y de intereses bancarios. En la lista de Rusia Unida, el copropietario de Novatek, Leonid Simanovski, reportó 5.600 millones de rublos en un solo año y más de 10.000 millones en cuentas. El caso del diputado Serguéi Boyarski, quien adquirió en un solo día de junio de 2025 seis parcelas en San Petersburgo por casi 1.000 millones de rublos —una suma veinte veces superior a los ingresos familiares declarados en los tres años previos—, ha generado cuestionamientos sobre el origen de los fondos, atribuidos a “otras obligaciones crediticias”. Desde América Latina, expertos en financiamiento político observan que estos niveles de patrimonio personal, en contraste con los ingresos oficiales, alimentan el debate sobre la transparencia en sistemas donde el control parlamentario es limitado.

Un foco adicional de controversia lo encendió la declaración del corresponsal de guerra Yevgueni Poddubni, incluido en la quinteta de cabeza de Rusia Unida junto al canciller Serguéi Lavrov y el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. Poddubni reportó acciones de Apple, Intel, Procter & Gamble y del grupo neerlandés Nebius, del fundador de Yandex, Arkadi Volozh. La legislación rusa prohíbe a los candidatos poseer activos extranjeros al momento del registro, salvo que acrediten haber tomado todas las medidas para desprenderse de ellos. El partido aseguró que Poddubni cumplió con ese requisito, pero la situación evoca el antecedente de 2021, cuando el comunista Pável Grudinin fue excluido de la contienda por tenencias similares. Mientras la campaña entra en su fase activa, la CEC ha confirmado que los comicios se celebrarán en tres jornadas consecutivas, y en otras latitudes, como Marruecos, el partido Istiqlal también avanza en la selección de candidatos para sus legislativas de septiembre, reflejo de un calendario electoral global que, según analistas en Madrid, pondrá a prueba la resistencia de los sistemas de partidos frente a demandas ciudadanas de mayor equidad y rendición de cuentas.