El gobierno de Delhi ha notificado una política que prohíbe el registro de motocicletas nuevas a gasolina a partir de abril de 2028 y limita la matriculación de autorickshaws y vehículos de carga ligeros a modelos eléctricos desde enero de 2027. La medida, que aspira a electrificar el 30% del parque automotor de la capital india para 2030, incluye subsidios directos de hasta 30.000 rupias por vehículo liviano e incentivos por achatarramiento, además de exenciones fiscales. Para sostener la transición, se prevé instalar 32.000 puntos de recarga públicos, con la empresa Delhi Transco Limited como nodo coordinador. El plan, según la administración local, busca confrontar las fuentes de contaminación: estudios de The Energy and Resources Institute (TERI) atribuyen a las dos y tres ruedas alrededor del 46% de la polución atmosférica de la ciudad.

En el Sudeste Asiático, Yakarta ofrece un contraste: en lugar de prohibir, apuesta por un estímulo fiscal total, con una tarifa del 0% en el impuesto a vehículos motorizados para los eléctricos de batería. La capital indonesia registra un creciente interés ciudadano, aunque el debate nacional incluye la pertinencia del programa de biodiésel B50. Desde la sociedad civil, la Coalición para la Eliminación de la Gasolina con Plomo (KPBB) sostiene que la electrificación representa una solución más sostenible para la seguridad energética y la reducción de emisiones que la expansión de los biocombustibles, y advierte sobre posibles incompatibilidades mecánicas en motores diésel Euro 4 si no se respetan las especificaciones técnicas. El ministerio de Energía y Recursos Minerales ha respondido reforzando los controles de calidad del B50, con sanciones que pueden llegar a la revocación de licencias.

India no solo acelera la adopción de vehículos limpios, sino que prepara el terreno normativo para los vehículos inteligentes. El Ministerio de Transporte por Carretera ha publicado un proyecto de reglamento que obliga a incorporar sistemas de gestión de ciberseguridad y de actualizaciones de software en todos los vehículos con capacidad de conducción automatizada de nivel 3 o superior. Las exigencias comenzarán a regir en octubre para nuevos modelos y se extenderán progresivamente a las actualizaciones inalámbricas (OTA) y la gestión de baterías, con plena implantación en 2029. La norma responde a la creciente digitalización del parque automotor, que expone a flotas enteras a ataques informáticos y manipulaciones remotas. Simultáneamente, en Indonesia, el operador estatal de autopistas Jasa Marga despliega sistemas tecnológicos para mejorar la seguridad vial: vigilancia automatizada de vehículos con sobrepeso y sobredimensión (ODOL), un centro de comando integrado y la aplicación Travoy como ecosistema digital de servicios, en un giro estratégico que la empresa denomina de "infraestructura" a "infracultura".

El cúmulo de políticas redefine las megalópolis asiáticas más allá del transporte. En Delhi, la autoridad de desarrollo (DDA) trabaja en un plan maestro sobre 1.400 kilómetros cuadrados que incluye desarrollo orientado al tránsito, bancos de tierras y rehabilitación de asentamientos informales, mientras la nueva política de realojo de barriadas busca regularizar a 4-5 lakh de familias con criterios de elegibilidad ampliados hasta 2025. La confluencia de vivienda digna, espacio público y movilidad limpia apunta a una transformación integral del tejido urbano. Los próximos hitos serán la entrada en vigor de las prohibiciones de registro en Delhi, el cumplimiento del objetivo de puntos de carga y la fiscalización efectiva de la calidad del biodiésel en Indonesia; su evolución medirá la capacidad de estas regiones para traducir ambición normativa en realidades medibles.