El 24 de junio de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) de India afirmó que el pasaporte indio es un “documento de viaje” y no un “documento de ciudadanía”. La declaración, emitida por un funcionario del ministerio, generó una controversia jurídica y política. El exjuez del Tribunal Supremo Madan B. Lokur calificó la postura como una “lectura errónea” de la Ley de Pasaportes de 1967, que distingue entre pasaporte y documento de viaje. Según Lokur, el Parlamento utilizó ambos términos de forma separada, por lo que equipararlos carece de base legal. Líderes de la oposición preguntaron qué documento serviría entonces para acreditar la ciudadanía, mientras el Gobierno central aclaró al día siguiente que los pasaportes nunca han sido considerados prueba de ciudadanía y que ninguna decisión reciente modificó ese criterio. El debate se inserta en un momento de revisión intensiva de los padrones electorales en varios estados y tras sentencias del Tribunal Supremo sobre la facultad de la Comisión Electoral para examinar la ciudadanía.

El 5 de julio, el MEA emitió un aviso público en el que alertaba sobre cuentas de Instagram que se presentan como expertos en política exterior y ofrecen asesoramiento remunerado o sesiones sobre cómo trabajar con el ministerio. La cartera señaló que esos individuos “no tienen conexión alguna con el Ministerio” y pidió a la ciudadanía precaución ante publicaciones fraudulentas. Fuentes oficiales indicaron que algunas personas se fotografiaban con el ministro S. Jaishankar o con embajadores en actos públicos para luego usar esas imágenes y solicitar pagos a cambio de supuestas gestiones. El aviso no mencionó cuentas concretas, pero las autoridades afirmaron haber identificado a los responsables.

En paralelo, varios países ajustan sus normativas de documentación para viajes. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que a partir de 2028 emitirá un pasaporte unificado de 38 páginas, en sustitución de los formatos actuales de 26 y 50 páginas, con el objetivo de aumentar la eficiencia y reducir desperdicios. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exige pasaportes con al menos seis meses de vigencia posterior a la fecha de llegada y en buen estado físico, aunque permite una verificación alternativa de identidad —TSA ConfirmID— por 45 dólares para quienes carezcan de documentación aceptable. España, por su parte, habilita la renovación del pasaporte durante los últimos doce meses de validez y exige cita presencial en comisarías o consulados. Las autoridades migratorias de Chile, Colombia y Perú mantienen controles estrictos y pueden rechazar el embarque si el pasaporte está vencido, con excepciones limitadas para ciudadanos de países vecinos amparados por acuerdos regionales.

La controversia india sobre el valor probatorio del pasaporte coincide con un endurecimiento global de los requisitos de identificación. Mientras el Gobierno de India insiste en que la ciudadanía no se acredita con un solo documento —y recuerda que la Ley de Pasaportes permite expedir el documento a no ciudadanos por interés público—, la comunidad jurídica advierte que esa interpretación puede generar complicaciones internacionales, ya que embajadas y consulados extranjeros expiden visados asumiendo que el titular es ciudadano indio. El MEA mantiene su posición oficial y el debate constitucional continúa, sin que se haya anunciado una modificación legislativa. La emisión del nuevo pasaporte estadounidense está prevista para 2028, y las autoridades indias no han señalado cambios inmediatos en sus criterios de emisión.