El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el 19 de julio de 2026, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que el país no volverá a celebrar elecciones. La medida, que según el mandatario busca impedir que “partidos puestos por los yanquis” accedan al gobierno, elimina de facto los comicios generales previstos para 2027 y consolida un sistema de partido único bajo el control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, comunicó el martes que ha iniciado el análisis de reformas legales para cumplir las “orientaciones presidenciales”, lo que abre la puerta a la institucionalización de un modelo similar al de Cuba o China, según advierten analistas en Centroamérica.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio condenó la decisión y afirmó que “deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”. Rubio instó a la comunidad internacional a aislar al régimen y advirtió que Estados Unidos “no se quedará de brazos cruzados”. La Organización de los Estados Americanos (OEA), por medio de su secretario general Albert Ramdin, declaró que Nicaragua “ha abandonado la democracia”, mientras que Costa Rica llamó a consultas a su embajador en Managua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó el anuncio de “incompatible con los principios de la democracia representativa”. Hasta el momento, gobiernos como los de Brasil, México o la Unión Europea no han fijado una postura oficial, aunque fuentes diplomáticas en Bruselas recuerdan que el bloque ya rechazó las reformas constitucionales de 2024 que ampliaron el mandato presidencial y crearon la figura de la copresidencia para Rosario Murillo.

Dirigentes opositores en el exilio interpretaron el anuncio como una confesión de debilidad. Félix Maradiaga, excandidato presidencial y expatriado, señaló que Ortega “reconoció públicamente lo que siempre fue su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico se someta a competencia democrática”. Analistas de la región, como Tiziano Breda del centro de estudios ACLED, consideran que la eliminación total de las elecciones revela el temor del régimen a cualquier apertura política, incluso a comicios controlados. La excomandante sandinista Dora María Téllez, también exiliada, afirmó que el régimen fracasó en su intento de cooptar a agrupaciones políticas para simular una contienda electoral y optó por suprimirla por completo.

Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua de forma ininterrumpida desde 2007, junto a su esposa Rosario Murillo, copresidenta desde 2025. Tras las protestas de 2018 —que dejaron más de 300 muertos—, el gobierno desmanteló a la oposición, encarceló a candidatos presidenciales en 2021 y aprobó reformas que eliminaron la separación de poderes. La decisión de cancelar las elecciones profundiza el aislamiento internacional de Managua y podría acelerar sanciones económicas más amplias por parte de Washington, que ya ha impuesto restricciones de visa a más de 2.350 funcionarios y familiares. En el plano regional, el caso nicaragüense contrasta con procesos electorales recientes en otros países latinoamericanos, lo que, según observadores en Ciudad de México, acentúa la percepción de una deriva autoritaria sin precedentes en Centroamérica.

El Parlamento nicaragüense no ha fijado un calendario para las reformas, pero se espera que las leyes que formalicen la prohibición electoral sean aprobadas en las próximas semanas. Mientras tanto, la administración Trump evalúa, según fuentes del Departamento de Estado citadas por la prensa estadounidense, la posibilidad de ampliar las sanciones sectoriales, incluyendo medidas contra el sector del oro y restricciones financieras secundarias. La OEA podría convocar una sesión extraordinaria para abordar la crisis, aunque la efectividad de cualquier resolución dependerá del respaldo de los países miembros, un escenario que, a juicio de analistas en Buenos Aires, se presenta fragmentado.