La justicia tunecina condenó a 25 años de prisión a la histórica defensora de derechos humanos Sihem Bensedrine, mientras que en Somalia una joven conductora de rickshaw, Sadia Moalim Ali, recibió una pena de tres años de cárcel por criticar al Gobierno en redes sociales. Ambos veredictos, emitidos con pocos días de diferencia, han desencadenado una cascada de reacciones de condena por parte de antiguos mandatarios, organizaciones internacionales y colectivos de derechos humanos, que los interpretan como un nuevo episodio de la creciente represión contra la disidencia en el norte de África y el Cuerno de África.

En Túnez, Bensedrine, de 75 años y expresidenta de la Instancia Verdad y Dignidad (IVD), fue hallada culpable de falsificar parte del informe final de ese organismo —encargado de documentar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1955 y 2013— y de favorecer a un empresario en un acuerdo de arbitraje, así como de causar perjuicio a la administración en el litigio de la Banco Franco-Tunecino. La sentencia se desglosa en cinco años por el primer cargo y veinte por los otros dos. La activista, que calificó el fallo de «decisión que nada tiene que ver con la justicia» y propio de un «régimen totalitario», anunció que recurrirá. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) recordó que la ley tunecina exime de responsabilidad a los miembros de la IVD por el contenido de sus informes, y tachó las acusaciones de infundadas.

En Somalia, Sadia Moalim Ali, de 27 años, graduada en enfermería y sostén de su familia, fue condenada por «insultar a las instituciones gubernamentales» tras publicar en Facebook y TikTok críticas al desempleo juvenil, el alto precio de los combustibles y la corrupción. La joven, madre de una niña de un año, denunció torturas durante su detención, incluidas palizas, aislamiento y amenazas de violación. El expresidente Sharif Sheikh Ahmed y el ex primer ministro Hassan Ali Khaire calificaron la sentencia de «políticamente motivada» y «fundamentalmente injusta», mientras la Coalición de Defensores Somalíes de Derechos Humanos exigió su liberación inmediata y alertó sobre un patrón de discriminación sistemática contra las mujeres que abogan por cambios sociales y políticos.

Ambos procesos se inscriben en contextos nacionales de retroceso de las libertades. En Túnez, desde el golpe de fuerza del presidente Kais Saied en julio de 2021, organizaciones locales e internacionales denuncian una deriva autoritaria marcada por el encarcelamiento de opositores, periodistas y magistrados. Analistas magrebíes señalan que la condena a Bensedrine no solo castiga a una figura emblemática de la transición posrevolucionaria, sino que busca deslegitimar el legado de la justicia transicional y enviar una advertencia a toda la sociedad civil. En Somalia, las autoridades han sido acusadas desde 2022 de una escalada sistemática de detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación contra periodistas y activistas, según documentan entidades como el Comité para la Protección de los Periodistas.

Las defensas de ambas condenadas han anunciado que recurrirán las sentencias ante instancias superiores. Mientras, la presión internacional podría intensificarse: la Unión Africana y la Unión Europea han expresado en el pasado su preocupación por el deterioro del espacio cívico en la región, y se espera que estos veredictos alimenten los llamamientos a revisar las cláusulas de cooperación y ayuda al desarrollo condicionadas al respeto de los derechos humanos. El desenlace de las apelaciones definirá en buena medida el margen que conservan la disidencia y la memoria histórica en dos países que, tras momentos de apertura, parecen transitar de nuevo hacia modelos de control político más restrictivos.