La psicóloga colombiana Catalina Giraldo, de 30 años, murió por eutanasia el 9 de julio luego de que el sistema de salud le negara reiteradamente el acceso al suicidio médicamente asistido, la opción que había solicitado desde septiembre de 2023. Giraldo padecía trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado, diagnósticos que recibió a los 20 años y que, según su propio relato, la llevaron a más de cuarenta esquemas farmacológicos, nueve internaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva sin alivio duradero. Su caso se convirtió en el primero en Colombia en plantear formalmente una solicitud de asistencia médica al suicidio por motivos exclusivamente psiquiátricos, luego de que la Corte Constitucional despenalizara esa práctica en 2022.

Desde la perspectiva de organizaciones defensoras de derechos humanos en Bogotá, la negativa estatal a reglamentar el suicidio asistido forzó a la paciente a recurrir a la eutanasia, un procedimiento que sí cuenta con protocolos establecidos pero que, a diferencia del primero, no le permitía administrarse ella misma la medicación. El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), que acompañó el proceso judicial, calificó el desenlace como una consecuencia de la “inacción del Estado” y subrayó que la verdadera voluntad de Giraldo era un acto de autonomía que le fue negado. La propia psicóloga, en una entrevista horas antes de morir, afirmó que cambiar de decisión no fue sencillo y que sentía que traicionaba una lucha que consideraba colectiva.

Analistas del ámbito jurídico latinoamericano observan que el caso evidencia una tensión normativa no resuelta: mientras la eutanasia está regulada y en 2024 se aplicó a 352 personas en Colombia, el suicidio médicamente asistido carece de una reglamentación que indique cómo deben proceder las entidades de salud. La sentencia C-164 de 2022 despenalizó la práctica para quienes padecen sufrimiento intenso por una enfermedad grave e incurable, pero el Congreso y el Ministerio de Salud no han emitido directrices específicas para los casos de trastorno mental. Esta laguna, señalan expertos consultados en medios colombianos, deja a los pacientes en una zona de incertidumbre jurídica y los expone a interpretaciones restrictivas por parte de las EPS.

En el debate público colombiano, la historia de Giraldo reavivó las posturas encontradas sobre la ampliación del derecho a morir dignamente. Mientras sectores vinculados a la bioética progresista en América Latina consideran que el sufrimiento psíquico debe equipararse al físico en el acceso a estos procedimientos, voces conservadoras advierten sobre los riesgos de normalizar la muerte asistida para patologías mentales sin antes agotar todas las alternativas terapéuticas. La propia Giraldo dejó un mensaje a la Corte Constitucional, que aún estudia su expediente, en el que pidió que su caso sirviera de antecedente: “Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria; hay personas que sufren y que se suicidan todos los días”. El alto tribunal no ha fijado una fecha para pronunciarse, y el vacío reglamentario persiste mientras el Ministerio de Salud no ha anunciado avances en la materia.