La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la semana pasada a la administración Trump a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios, una medida que, según el Departamento de Seguridad Nacional, dará paso a vuelos de deportación hacia ambos países. El secretario Markwayne Mullin declaró que el TPS nunca fue concebido como un estatus permanente y que los beneficiarios podrán recibir asistencia de viaje y unos 2.100 dólares para regresar. De forma paralela, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió investigaciones independientes e imparciales sobre al menos 33 muertes reportadas en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en lo que va de 2025, calificando la situación como una crisis que requiere rendición de cuentas.

Desde la óptica de Washington, la decisión judicial representa un avance en la promesa de campaña de ejecutar deportaciones masivas, aunque voces conservadoras han expresado frustración por el ritmo de las expulsiones. La presentadora Tomi Lahren advirtió que la base republicana podría abstenerse en las elecciones legislativas de noviembre si no se acelera la agenda migratoria y la exigencia de identificación para votar. En contraste, el gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, se opuso a las deportaciones de haitianos argumentando que su estado depende de esa mano de obra en sectores como el cuidado de ancianos y que la violencia en Haití hace inseguro el retorno. El Departamento de Estado mantiene una alerta de nivel 4 (“no viajar”) para el país caribeño, citando crimen, secuestros y un sistema de salud colapsado.

En el Sudeste Asiático, el gobierno de Malasia informó que 465 detenidos fallecieron en sus centros de internamiento migratorio entre 2021 y 2025, una cifra que equivale al 0,13% de las 349.856 admisiones registradas en ese período. Las nacionalidades con mayor número de decesos fueron la filipina (222), la indonesia (109) y la birmana (61); también se documentaron 12 muertes de menores. Las causas incluyeron sepsis, enfermedades respiratorias, afecciones cardíacas y patologías infecciosas como VIH/sida y leptospirosis. El ministro del Interior, Saifuddin Nasution Ismail, detalló que se han reforzado los protocolos de cribado médico al ingreso, los chequeos periódicos y la derivación a hospitales, así como la entrega de kits de higiene y el acceso semanal a espacios al aire libre.

Analistas en América Latina y el Caribe observan con preocupación la convergencia de estas dinámicas. Desde Puerto Príncipe, organizaciones de derechos humanos recuerdan que más de 8.100 personas fueron asesinadas en Haití en 2024 y que 1,4 millones se encuentran desplazadas internamente, según datos citados por Naciones Unidas. Para Siria, la designación del TPS se remonta al inicio de la guerra civil en 2011, y su posible levantamiento ocurre en un contexto de violencia persistente. En el plano judicial estadounidense, observadores del sistema migratorio señalan que los jueces de inmigración, nombrados directamente por el presidente, enfrentan presiones para acelerar las órdenes de deportación: se estima que la tasa de concesión de asilo ha caído de uno de cada dos casos a uno de cada tres respecto a la administración anterior. Se espera que los primeros vuelos de deportación a Haití y Siria comiencen en las próximas semanas, mientras la ONU insiste en que se garanticen investigaciones efectivas sobre las muertes bajo custodia.