El gobierno internacionalmente reconocido de Yemen atacó el lunes la pista del aeropuerto internacional de Saná, controlado por los rebeldes hutíes, con el objetivo declarado de impedir el aterrizaje de un vuelo de la aerolínea iraní Mahan Air que transportaba a una delegación hutí de regreso del funeral del líder supremo iraní, Ali Jamenei. Los hutíes atribuyeron la acción a Arabia Saudí, declararon el fin de la fase de distensión y lanzaron misiles balísticos y drones contra el aeropuerto de Abha, en el sur saudí, que fueron interceptados por las defensas aéreas del reino. La autoridad de aviación civil yemení ordenó el cierre temporal de todos los aeropuertos del país.

Las posiciones de las partes reflejan una fractura profunda. El ejecutivo con sede en Adén afirmó que agotó las vías diplomáticas para evitar lo que calificó como una violación del espacio aéreo yemení por una aeronave iraní no autorizada, y responsabilizó a Teherán de las consecuencias. El portavoz militar hutí, Yahya Saree, calificó el bombardeo de “agresión flagrante” y advirtió que “no quedará sin respuesta”, al tiempo que instó a las aerolíneas a evitar el espacio aéreo saudí. Riad, a través del portavoz de la coalición, confirmó la interceptación de los proyectiles pero no se pronunció directamente sobre el ataque a Saná. Irán condenó la acción como una violación del derecho internacional, mientras que el enviado especial de la ONU instó a todas las partes a la desescalada y al diálogo.

El incidente pone en peligro la tregua mediada por Naciones Unidas en 2022, que había congelado en gran medida los frentes de combate. Desde la óptica de analistas en Oriente Medio, los vuelos directos organizados por los hutíes desde Irán representan un desafío al control del espacio aéreo que ejerce la coalición liderada por Riad desde 2015, y se interpretan como un intento de romper el bloqueo y, potencialmente, de reabastecer capacidades militares. La escalada coincide con hostilidades renovadas entre Estados Unidos e Irán en el Golfo, lo que acrecienta el temor a una conflagración regional más amplia. En paralelo, el gobierno yemení denunció que los hutíes retuvieron una aeronave del Comité Internacional de la Cruz Roja en Saná, aunque la organización confirmó que todo el personal se encontraba a salvo.

Desde la perspectiva de las capitales occidentales y de observadores en América Latina, la fragmentación de la coalición anti-hutí —con Emiratos Árabes Unidos respaldando a los separatistas del sur— complica cualquier respuesta unificada y debilita la posición del gobierno de Adén. Arabia Saudí, que busca evitar una guerra total, enfrenta sin embargo la presión de garantizar la seguridad de su frontera sur y de sus infraestructuras, en un momento en que su capacidad de exportar petróleo por el mar Rojo se ha convertido en una ventaja estratégica frente al cierre efectivo del estrecho de Ormuz. La declaración hutí de dar por concluida la desescalada deja la tregua en un estado de extrema fragilidad.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia y el enviado especial mantiene contactos con representantes militares de todas las partes. El gobierno yemení reabrió los aeropuertos horas después del cierre, pero la advertencia hutí de atacar infraestructuras vitales saudíes mantiene abierta la posibilidad de una nueva espiral de violencia. Los próximos pasos dependerán de si los hutíes materializan sus amenazas y de si los canales diplomáticos logran restaurar un mínimo de contención.