Amnistía Internacional solicitó este jueves que se investiguen como posibles crímenes de guerra tres ataques aéreos israelíes contra viviendas civiles en el sur del Líbano, ocurridos entre el 6 y el 13 de marzo, que causaron la muerte de 24 civiles —12 de ellos niños— y, según la organización, “aniquilaron familias enteras”. La petición se basa en un informe que documenta los bombardeos en los distritos de Tiro, Sidón y Nabatiye, en el marco de la ofensiva israelí lanzada tras la implicación de Hezbolá en el conflicto regional.

La investigación de la entidad con sede en Londres, sustentada en entrevistas a 15 personas —sobrevivientes, familiares, socorristas, periodistas y autoridades locales—, concluye que existen “motivos razonables” para afirmar que las fuerzas israelíes violaron el derecho internacional humanitario al no distinguir entre civiles y objetivos militares, dirigir ataques contra civiles o no tomar precauciones factibles para minimizar el daño. Las autoridades israelíes, consultadas por Amnistía, respondieron que algunas de las operaciones apuntaban a objetivos militares de Hezbolá y que otros casos fueron remitidos a revisión, reiterando su compromiso de mitigar el daño a civiles. Sin embargo, según el informe, el ejército israelí no proporcionó información detallada sobre los blancos específicos de esos tres ataques.

Estos señalamientos se producen en un contexto de frágil cese de hostilidades. El 26 de junio, Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco auspiciado por Estados Unidos para allanar el camino hacia un fin permanente de la guerra, precedido por un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que incluía un alto el fuego en el frente libanés. Pese a ello, Israel mantiene incursiones intermitentes en el sur del Líbano, algunas letales. De forma paralela, en la Franja de Gaza, donde rige una tregua desde octubre de 2025, fuentes médicas palestinas reportan que al menos 1.084 personas han muerto por violaciones israelíes desde entonces, incluido un ataque reciente que acabó con la vida de un organizador de proyecciones públicas del Mundial de Fútbol. Desde la óptica de analistas en Beirut, la persistencia de operaciones militares en ambos territorios erosiona la credibilidad de los acuerdos y alimenta la percepción de impunidad.

Amnistía Internacional instó a todos los Estados a imponer de inmediato un embargo integral de armas a Israel y a recurrir a la jurisdicción universal y extraterritorial para investigar y enjuiciar a los responsables. En el ámbito diplomático, la denuncia reaviva el debate sobre la aplicación del derecho internacional humanitario en conflictos asimétricos. Mientras que desde las capitales europeas se observa una creciente presión para revisar las relaciones de defensa con Israel, en América Latina —donde varios gobiernos han manifestado históricamente su respaldo a la causa palestina— se anticipan pronunciamientos de condena. El dossier queda ahora en manos de los mecanismos multilaterales: se espera que el informe sea presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que la Corte Penal Internacional evalúe los elementos recabados para determinar si abre un examen preliminar.