El Gobierno federal alemán anunció la semana pasada que, a partir de enero del próximo año, los trabajadores deberán obtener un certificado médico presencial desde el primer día de enfermedad, eliminando la posibilidad de conseguirlo por teléfono. La medida, impulsada por el canciller Friedrich Merz, responde a un incremento de las ausencias laborales por motivos de salud, que según el IGES Institut de Berlín alcanzaron una media de 19,5 días hábiles anuales en 2024, frente a los 13 días de 2018. Desde la óptica de la coalición gobernante en Berlín, el elevado absentismo supone una desventaja competitiva para una economía que ya enfrenta tensiones geopolíticas y altos costes energéticos. El sistema alemán, que garantiza el 100% del salario durante seis semanas a cargo del empleador y luego una cobertura del seguro público de hasta el 70% del salario bruto, es considerado uno de los más generosos del mundo.

En contraste con el giro restrictivo alemán, otras regiones consolidan o amplían mecanismos de protección. En Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización (MOHRE) detalló recientemente los cuatro procedimientos para cancelar un permiso de trabajo, subrayando que cualquier modificación contractual que reduzca los derechos mínimos del trabajador es nula, salvo que ofrezca mayores beneficios. Asimismo, fuentes jurídicas emiratíes recuerdan que, conforme al Decreto-Ley Federal N.º 33 de 2021, no es lícito extender un período de prueba ya vencido, ni siquiera por cambio de dirección de la empresa, y que el contrato adquiere plena validez una vez superada esa fase. En Irán, activistas laborales y medios como Donya-e Eqtesad y Khabar Online difundieron un desglose pormenorizado de los distintos tipos de permiso —retribuidos por el empleador, por la Organización de la Seguridad Social o no remunerados—, en un esfuerzo por clarificar derechos en un marco normativo que combina el Código de Trabajo con prestaciones del seguro social.

En Indonesia, la agencia BPJS Kesehatan explicó el procedimiento para que los trabajadores del segmento de asalariados (PPU) puedan añadir a familiares adicionales —como un cuarto hijo, padres o suegros— a su cobertura del seguro nacional de salud, con un coste adicional del 1% del salario por cada miembro extra. La medida se inscribe en un sistema que ya cubre a 284,2 millones de personas y que, según las autoridades sanitarias de Yakarta, busca garantizar el acceso a tratamientos de larga duración, como diálisis o quimioterapia, sin desproteger a las unidades familiares ampliadas. Mientras, en Estados Unidos, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recordó que los miembros de las fuerzas armadas y sus dependientes gozan de protecciones especiales frente a desahucios, incluida la posibilidad de suspender un desalojo judicial hasta 90 días, siempre que la renta mensual sea inferior a 4.214,28 dólares.

Analistas en Bruselas y en capitales latinoamericanas observan que estas dinámicas reflejan tensiones comunes entre la sostenibilidad de los sistemas de protección social y las presiones sobre la productividad. Mientras el modelo alemán revisa sus prestaciones para contener costes, en América Latina, donde las bajas médicas suelen estar cubiertas por el empleador los primeros 15 días y luego por la seguridad social —como en Brasil—, el debate se centra en la informalidad y la cobertura efectiva. El Gobierno de Merz ha enmarcado su ofensiva como una restauración de la “justicia y funcionalidad” del mercado laboral, pero desde sectores sindicales y académicos se advierte del riesgo de estigmatizar enfermedades legítimas en una población cada vez más envejecida. La consulta pública abierta por el MOHRE emiratí hasta el 30 de julio para rediseñar los servicios de permisos de trabajo y la recogida de opiniones sobre su sistema de inteligencia artificial ilustran, por su parte, una vía de ajuste basada en la digitalización y la participación ciudadana. El próximo paso en Alemania será la tramitación parlamentaria del paquete de reformas, que incluye también recortes en programas de salud y seguridad social.