La administración Trump adjudicó en secreto un contrato sin licitación por un valor de hasta 500 millones de dólares para la construcción de un nuevo salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca. Según documentos obtenidos por The Washington Post, el acuerdo se canalizó a través de la Oficina de la Residencia Ejecutiva, un organismo exento de las normas federales que obligan a la mayoría de las agencias a realizar licitaciones competitivas y a divulgar los detalles contractuales. El contratista seleccionado, Clark Construction —la mayor empresa de construcción del área metropolitana de Washington—, ya había recibido otros encargos sin concurso para proyectos federales en la capital.

El salón de baile es la pieza central de un plan más amplio de reformas de monumentos emblemáticos, que incluye la construcción de un helipuerto en el Jardín Sur para el Marine One. La obra del helipuerto, iniciada esta semana detrás de vallas que ocultan los trabajos, responde a un problema técnico: los nuevos helicópteros VH-92A Patriot, fabricados por Sikorsky —filial de Lockheed Martin—, poseen escapes de gases que queman el césped. Lockheed Martin donó cinco millones de dólares para la plataforma de aterrizaje, según reportes de prensa. Administraciones anteriores, desde la óptica de Washington, descartaron un helipuerto fijo para preservar la imagen icónica del presidente abordando el helicóptero sobre el césped.

La financiación del proyecto ha generado controversia en el Capitolio. El presidente Trump afirmó inicialmente que el salón de baile se costearía con donaciones privadas, pero posteriormente solicitó al Congreso mil millones de dólares para mejoras de seguridad. Senadores republicanos, con la vista puesta en las elecciones legislativas de noviembre, rechazaron la partida. En paralelo, un juez federal dictaminó que el presidente carecía de autoridad para demoler el Ala Este sin autorización adicional del Congreso; la administración apeló el fallo. Desde la oposición demócrata se ha cuestionado la opacidad del proceso y el uso de una oficina concebida para gastos menores de mantenimiento y mobiliario.

Expertos en contratación pública, citados por la prensa estadounidense, señalaron que, si bien la Residencia Ejecutiva goza de una exención legal, la magnitud y complejidad del proyecto hacían esperable una licitación competitiva. La administración no ha detallado el margen de beneficio total de Clark Construction, aunque documentos internos estiman que la empresa recibiría unos 65 millones de dólares entre ganancias, gastos generales y otros costos. Mientras la apelación judicial sigue su curso, las obras del helipuerto ya están en marcha y el contrato del salón de baile permanece bajo escrutinio público.