El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, formalizó su precandidatura para un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027, habilitado por una reforma constitucional de 2025 que instauró la reelección indefinida. De forma paralela, en la República Democrática del Congo, el Senado adoptó un proyecto de revisión constitucional que permitiría reiniciar el cómputo de los períodos presidenciales y allanar el camino a un tercer mandato de Félix Tshisekedi. En contraste, el Parlamento de Senegal aprobó una reforma que amplía las facultades de control del Legislativo y prohíbe al presidente en ejercicio liderar un partido político, en un contexto de ruptura entre el jefe de Estado, Bassirou Diomaye Faye, y el presidente de la Asamblea, Ousmane Sonko.

Desde la óptica del oficialismo salvadoreño, la candidatura de Bukele responde a un amplio respaldo popular —superior al 80 % en encuestas— sustentado en la drástica reducción de homicidios tras la política de mano dura contra las pandillas. Analistas latinoamericanos y organizaciones de derechos humanos, sin embargo, advierten que esa estrategia se ha basado en detenciones masivas sin garantías judiciales y en un régimen de excepción que debilita el Estado de derecho. En la RDC, la coalición de Tshisekedi justifica la reforma constitucional por la necesidad de estabilidad ante el conflicto armado en el este del país, mientras la oposición y la Conferencia Episcopal congoleña la califican de “golpe constitucional” y alertan sobre un posible agravamiento de la fragilidad institucional y la desconfianza ciudadana en los procesos electorales.

El caso senegalés introduce una dinámica distinta. La mayoría parlamentaria del partido Pastef, liderada por el ex primer ministro Sonko, impulsó enmiendas que crean una Corte Constitucional, obligan al Ejecutivo a revelar acuerdos sobre recursos naturales y prohíben al presidente en funciones dirigir una formación política. El Gobierno de Faye ha anunciado que someterá las reformas a referéndum, pero Sonko cuestiona la facultad presidencial para hacerlo. Sectores de la sociedad civil y la oposición senegalesa interpretan la iniciativa como un ajuste de cuentas político tras la destitución de Sonko como primer ministro, mientras que desde el oficialismo se defiende como un fortalecimiento de la separación de poderes.

Estos movimientos simultáneos reavivan el debate sobre los límites al poder en contextos de alta popularidad o crisis de seguridad. En América Latina, la reelección indefinida ha sido un recurso recurrente, como ilustran los casos de Venezuela, Nicaragua o, en el pasado, los Kirchner en Argentina. En África, la manipulación de plazos presidenciales ha generado ciclos de inestabilidad en países como Burundi o Guinea. Las primarias del partido de Bukele están previstas para el 12 de julio sin contendientes internos; en la RDC, el proceso de revisión constitucional avanza con celeridad gracias a la mayoría oficialista; y en Senegal, el referéndum aún no tiene fecha, pero la tensión entre el presidente y el Legislativo anticipa un pulso institucional de final abierto.