Un gran jurado federal en Columbus, Ohio, emitió el jueves una acusación formal contra ocho hombres por su presunta participación en un complot para atacar el evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250, celebrado el 14 de junio en el jardín sur de la Casa Blanca. El pliego de cargos, que unifica las imputaciones iniciales dispersas en varios distritos, acusa a los detenidos de dos delitos: conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas y conspiración para cometer asesinato en territorio federal, incluido el de un alto funcionario del Gobierno. Según el Departamento de Justicia, la lista de objetivos incluía al presidente Donald Trump, al vicepresidente J. D. Vance, al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al empresario Elon Musk y a otras personalidades consideradas de “alto valor”.

De acuerdo con la acusación y las declaraciones del FBI, el plan —frustrado cuatro días antes de su ejecución— contemplaba el uso de drones cargados con explosivos para bombardear el ala norte de la residencia presidencial y canalizar a los asistentes hacia una salida donde varios francotiradores abrirían fuego. Los investigados, con edades entre los 19 y los 32 años y residentes en seis estados, comenzaron en mayo a acumular armas de fuego, munición, chalecos antibalas, explosivos, drones y equipos de comunicación. La coordinación se realizó a través de chats cifrados en Signal, SimpleX, Discord, TikTok e Instagram, donde establecieron un sistema de “niveles” para clasificar a los participantes según su grado de implicación y riesgo.

Analistas en seguridad interior en Washington subrayan que la alerta que permitió desbaratar la operación provino de una llamada de la madre de uno de los sospechosos, Tycen C. Proper, de 19 años, quien advirtió a la policía local sobre la acumulación inusual de armas por parte de su hijo y sus contactos en línea. Este dato, confirmado por el FBI, reactiva el debate en círculos de prevención del extremismo sobre el papel de los entornos familiares en la detección temprana de amenazas. Desde la óptica de expertos europeos en radicalización, el perfil de los acusados —jóvenes imbuidos de teorías conspirativas marginales y con aspiraciones de desestabilizar al Gobierno federal— encaja en un patrón de violencia difusa y acelerada por plataformas digitales que trasciende fronteras ideológicas.

El evento transcurrió sin incidentes coincidiendo con el 80.º cumpleaños de Trump y el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, y congregó a legisladores republicanos, donantes y altos cargos de la Administración. Netanyahu, pese a figurar en la lista de objetivos, no asistió. La acusación formal, que sustituye a las denuncias penales iniciales, concentra el proceso en Ohio y expone a los ocho imputados a penas de hasta 15 años de prisión por el primer cargo y cadena perpetua por el segundo. Todos se encuentran bajo custodia y se espera que en las próximas semanas se celebren las vistas de lectura de cargos, mientras la fiscalía federal consolida un caso que, por su dimensión simbólica y logística, ha reavivado la atención sobre la protección de eventos masivos en sedes gubernamentales.