La madrugada del domingo en Ezeiza, un hombre encapuchado y armado intentó secuestrar a cuatro mujeres en un radio de pocas manzanas, moviéndose en un auto de alta gama junto a un cómplice. Las cámaras de seguridad registraron los forcejeos y permitieron identificar al sospechoso, detenido horas después. Una de las víctimas, Cecilia, relató cómo el agresor se abalanzó sobre ella y su amiga para meterlas en el baúl. El caso, que conmocionó al conurbano bonaerense, ilustra una escalada de violencia planificada contra mujeres en espacios públicos.

En Brasil, la misma semana, tres episodios reflejaron la crudeza de la violencia doméstica. En Jacareí, un hombre mantuvo a su compañera encerrada seis días con candado; en Piraí, un exconviviente amenazó con incendiar el bar donde trabajaba su expareja embarazada; y en Santa Luzia, otro agresor golpeó a su exmujer en plena calle y le robó el vehículo, todo captado por videovigilancia. La Justicia brasileña decretó prisiones preventivas, invocando el riesgo de reiteración y la necesidad de interrumpir los ciclos de violencia que describe la Ley Maria da Penha.

El patrón se repite en otras latitudes. En Milwaukee, Estados Unidos, un joven de 22 años secuestró a una mujer que había rechazado sus avances, la llevó a una zona apartada y la amenazó con pistola y cuchillo antes de esposarla. En Charlottetown, Canadá, un hombre de 24 años fue condenado a cuatro meses de cárcel por acoso criminal y quebrantar órdenes de alejamiento, reincidiendo pese a antecedentes. En India, tres detenciones en Tamil Nadu —un albañil que abusó de una adolescente, un guardia de seguridad que explotó a una joven con discapacidad intelectual y un arquitecto que acosó sexualmente a una trabajadora— evidencian que ni los marcos legales más estrictos, como la ley POCSO, frenan la agresión cotidiana.

Analistas en Ciudad de México advierten que la simultaneidad de estos hechos no es casual: la violencia machista se recrudece en contextos de impunidad estructural y normalización social. Desde la óptica de Bruselas, expertas en políticas de igualdad subrayan que, aunque Europa ha avanzado en directivas de protección, la coordinación interinstitucional sigue siendo débil. La tendencia global exige pasar de la reacción penal a una prevención integral que ataque las causas culturales y garantice a las víctimas protección efectiva antes de que ocurra el primer golpe o el primer secuestro.