
Venezuela eleva a 3.811 los muertos por los sismos y pide a Carlos III liberar el oro congelado
La presidenta interina Delcy Rodríguez solicitó al monarca británico el desbloqueo de 30 toneladas de oro para la reconstrucción, mientras la ONU lanza un llamado humanitario por 296 millones de dólares.
El doble terremoto que sacudió el estado de La Guaira, en Venezuela, el pasado 24 de junio ha dejado un saldo provisional de 3.811 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin hogar, según el último balance oficial difundido el miércoles por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Las tareas de búsqueda de sobrevivientes han cesado en su mayoría, pero las familias continúan excavando entre los escombros en busca de los cuerpos de sus seres queridos, en medio de un olor a descomposición que impregna el aire, reportaron medios locales.
Naciones Unidas lanzó un llamamiento urgente para recaudar 296 millones de dólares destinados a asistir a 1,3 millones de personas durante los próximos seis meses. La organización estima que las pérdidas ascienden a 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del producto interno bruto venezolano, en un país que ya arrastraba una profunda crisis económica y de infraestructura. El aeropuerto internacional de Caracas permanece cerrado a vuelos comerciales debido a los daños sufridos.
En ese contexto, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció que envió una carta al rey Carlos III del Reino Unido para solicitar la liberación de unas 30 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra y congeladas por las sanciones británicas. «Ese oro pertenece a nuestro pueblo y debe servir para afrontar las consecuencias terribles de este doble terremoto», declaró en televisión estatal. El canciller Yvan Gil, por su parte, reclamó ante la ONU el desbloqueo de todos los activos venezolanos retenidos en el extranjero, incluyendo fondos en el Fondo Monetario Internacional, con los que, según Caracas, el país podría financiar su reconstrucción.
Desde Washington, la administración del presidente Donald Trump ha suspendido por cuatro meses varias sanciones económicas para facilitar las operaciones de socorro. Las medidas restrictivas, impuestas a partir de 2019 contra el gobierno de Nicolás Maduro —a quien Estados Unidos consideraba ilegítimo—, se han ido flexibilizando tras la captura del exmandatario por fuerzas estadounidenses en enero pasado, según reportes de agencias internacionales. El ejecutivo estadounidense respalda ahora a la presidenta interina y ha aliviado gradualmente las sanciones, en particular para el desarrollo de los recursos petroleros.
Mientras tanto, la ayuda humanitaria comienza a fluir, pero la magnitud de la devastación mantiene a miles de familias en refugios improvisados. El gobierno ha habilitado 61 campamentos, principalmente en La Guaira y Caracas, y ha distribuido más de 9,6 millones de kilos de alimentos. La cifra de víctimas sigue siendo provisional y las autoridades no descartan que aumente a medida que avanzan las labores de remoción de escombros. La comunidad internacional observa con atención la evolución de la crisis y la respuesta a los pedidos de desbloqueo de fondos, que hasta ahora habían sido rechazados por la justicia británica en reiteradas ocasiones.
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La comunidad internacional debe actuar; el oro pertenece al pueblo venezolano y debe ser liberado para la ayuda humanitaria.
Al yuxtaponer el llamamiento de la ONU con la solicitud de oro, el bloque crea un imperativo moral: el oro es necesario para el socorro, y su retención es injusta.
El bloque omite el contexto legal y político de las sanciones al oro, como la disputa sobre la legitimidad del gobierno interino y las razones de las sanciones británicas, lo que complicaría la narrativa moral.
La presidenta de Venezuela ha hecho una solicitud al rey de Inglaterra; esa es la noticia.
Al despojar la historia de todo contexto y emoción, el bloque la presenta como una simple nota diplomática, implicando que la solicitud es un asunto rutinario.
El bloque omite la crisis humanitaria, el llamamiento de la ONU y el número de muertos, lo que daría a la solicitud mayor urgencia y peso moral.
Venezuela tiene recursos bloqueados en el extranjero; las sanciones deben levantarse para permitir la reconstrucción.
Al vincular la solicitud de oro con el debate más amplio sobre las sanciones, el bloque enmarca el tema como un obstáculo político para la recuperación, implicando que la comunidad internacional es en parte responsable del sufrimiento.
El bloque omite la disputa legal sobre la legitimidad del gobierno interino y las razones específicas de las sanciones británicas, lo que complicaría el argumento de que el oro debería liberarse incondicionalmente.
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