Un juez federal de Manhattan ordenó este miércoles la liberación inmediata de 5,8 millones de dólares que el presidente Donald Trump deberá pagar a la escritora E. Jean Carroll, en cumplimiento del veredicto civil de 2023 que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación. La suma, que incluye los 5 millones originales más intereses acumulados, permanecía en una cuenta judicial desde que Trump la depositó como garantía durante el proceso de apelación. La decisión del juez Lewis Kaplan se produjo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, sin votos disidentes, rechazara el 29 de junio revisar el caso, cerrando así la vía de apelación ordinaria. Horas después del fallo, los abogados del presidente presentaron un recurso de emergencia ante el tribunal de apelaciones de Manhattan para bloquear el desembolso, al tiempo que solicitaron a la propia Corte Suprema que reconsidere su negativa, un mecanismo procesal que rara vez prospera.

La defensa de Trump argumenta que la liberación de los fondos causaría un «daño irreparable» porque Carroll ha manifestado su intención de donar el dinero, lo que haría imposible su recuperación en caso de que el máximo tribunal finalmente revocara la sentencia. Según los abogados del mandatario, permitir el pago en este momento «socavaría la confianza pública en un proceso judicial ordenado», en un contexto en el que, afirman, sectores de la opinión pública perciben una «instrumentalización política del sistema de justicia». Un portavoz del equipo legal calificó el caso como una «cacería de brujas financiada por los demócratas». Por su parte, los representantes de Carroll sostuvieron que la excolumnista de la revista Elle, de 82 años, ha esperado más de tres años desde el veredicto del jurado y que el presidente ha dilatado sistemáticamente el litigio. El juez Kaplan respaldó esa postura al señalar que Trump «ha estado estancando este caso durante años» y que ya es hora de que pague la condena.

Desde la óptica de fuentes judiciales en Nueva York, la orden de Kaplan no supone un riesgo financiero definitivo para el presidente, ya que este podría reclamar la devolución del dinero en el supuesto —calificado por el magistrado de «altamente improbable»— de que la Corte Suprema acepte el recurso y anule el veredicto. El monto en disputa es relativamente menor frente a los 83,3 millones de dólares que otro jurado concedió a Carroll en 2024 por un segundo caso de difamación, sentencia que Trump también recurre alegando inmunidad presidencial por declaraciones realizadas durante su primer mandato. Analistas en Washington observan que la estrategia de la defensa busca dilatar el cumplimiento de ambas indemnizaciones mientras se ventilan cuestiones constitucionales sobre el alcance de la protección presidencial, un argumento que ya fue rechazado en instancias inferiores pero que podría llegar nuevamente al alto tribunal.

El caso se remonta a las acusaciones de Carroll, quien en 2019 relató en un libro de memorias que Trump la agredió sexualmente en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan a mediados de la década de 1990. El entonces presidente negó los hechos y afirmó que la escritora mentía para impulsar las ventas de su libro, lo que dio origen a las demandas por difamación. Observadores en América Latina y España han seguido el proceso como un termómetro de la polarización política en Estados Unidos, donde los señalamientos de la defensa sobre una justicia partidizada contrastan con el rechazo unánime de los nueve jueces de la Corte Suprema —incluidos tres nombrados por el propio Trump— a revisar el veredicto. Se espera que el tribunal de apelaciones se pronuncie en los próximos días sobre la suspensión cautelar del pago, mientras la Corte Suprema evalúa si admite la inusual petición de reconsideración.