La administración del presidente Donald Trump finalizó el viernes una norma que elimina la protección de los hábitats de especies amenazadas, al restringir la definición de “daño” bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés). A partir de ahora, actividades como la explotación petrolera, la minería y la tala podrán realizarse en zonas críticas para la fauna siempre que no se mate o lesione directamente a los animales, un cambio que, según grupos ambientalistas, abre la puerta a la destrucción de ecosistemas enteros.

Desde Washington, el gobierno justifica la medida como un retorno a la intención original del Congreso y el fin de décadas de extralimitación regulatoria. El secretario del Interior, Doug Burgum, afirmó que la norma anterior había sido utilizada para “obstruir el uso legítimo de la tierra” y que la nueva interpretación se alinea con el fallo de la Corte Suprema de 2024 en el caso Loper Bright v. Raimondo, que eliminó la deferencia judicial hacia las agencias federales. Funcionarios citaron los casos del lagarto de las dunas de artemisa y el gallo de las praderas chico, cuyas protecciones basadas en el hábitat generaron, según ellos, costos innecesarios para proyectos energéticos en la Cuenca Pérmica y para agricultores del Medio Oeste.

Organizaciones ambientalistas estadounidenses, como Earthjustice y el Center for Biological Diversity, han anunciado que impugnarán la norma ante los tribunales. Sostienen que la destrucción del hábitat es la principal causa de extinción y que la Corte Suprema ya ratificó en 1995 una definición amplia de “daño” que incluía la modificación del entorno. “Por primera vez, una administración afirma que las especies protegidas no deben estar a salvo de alteraciones que destruyan los lugares donde viven, crían o se alimentan”, declaró Kristen Boyles, abogada de Earthjustice. Los conservacionistas recuerdan que la ESA ha sido fundamental para recuperar especies icónicas como el águila calva y el cóndor de California, y advierten que la nueva norma podría revertir décadas de avances.

La decisión ha tenido eco en medios de Europa, el mundo árabe y América Latina, donde se sigue con atención el desmantelamiento de una ley que ha servido de modelo para legislaciones ambientales en otros países. Si bien la ESA es una norma estadounidense, sus efectos se extienden a especies migratorias que transitan por México y Canadá. La regla entrará en vigor tras su publicación en el Registro Federal, pero los litigios anunciados auguran una batalla judicial que pondrá a prueba los límites del precedente Loper Bright y el alcance de la protección ambiental en Estados Unidos.