Autoridades de Indonesia, Brasil, Bangladesh, Nigeria, Estados Unidos, Rusia y Suecia han informado en los últimos días sobre una serie de agresiones sexuales contra menores de edad, con víctimas de entre 8 y 15 años. Las investigaciones han derivado en detenciones, procesamientos y condenas que involucran a familiares directos y a terceros.

En la provincia indonesia de Java Oriental, la policía de Sampang arrestó a 12 de los 27 sospechosos de violar a una adolescente de 15 años en febrero de 2026; los otros 15 permanecen prófugos. En Karawang, otro padre fue detenido por abusar de su hija desde que ella tenía 9 años, según la policía local. En Bangladés, las autoridades informaron de dos casos: una niña de 8 años fue violada por un jornalero en Muktagachha, y una adolescente de 14 con discapacidad intelectual quedó embarazada en un hogar estatal de Faridpur, lo que llevó a la suspensión de cinco funcionarios por negligencia. En Rusia, un tribunal de Briansk condenó a 12 años de prisión a un hombre por abusar de su sobrina menor de edad, de quien era tutor legal.

En Brasil, la Policía Civil de São Paulo indició a un padre por violar a su hija de 13 años —la madre también fue imputada por omisión— después de que la víctima grabara el ataque durante un partido del Mundial. En Estados Unidos, una mujer de 25 años fue arrestada en Nueva Jersey por agredir sexualmente a un niño menor de 13 años, grabar el acto y difundirlo en Snapchat; las autoridades la identificaron por sus tatuajes. En Nigeria, un tribunal de Anambra ordenó la prisión preventiva de un comerciante de 58 años acusado de violar a la hija de 11 años de su vecina, mientras que en otro caso, una mujer y su hijo fueron procesados por agredir con un bastón a una menor de 12 años.

Las fuentes judiciales y policiales coinciden en que la mayoría de los agresores eran conocidos de las víctimas o tenían un vínculo de confianza. En varios episodios, los abusos se prolongaron durante años antes de ser denunciados. Las investigaciones continúan abiertas en todos los países, con procesos judiciales en curso y, en el caso indonesio, una búsqueda activa de los quince fugitivos. Las autoridades locales han reiterado llamados a reforzar la protección de la infancia y a denunciar cualquier sospecha de maltrato.