La Unión Europea impuso el jueves una multa de 890 millones de euros a Google por infringir la Ley de Mercados Digitales (DMA), al favorecer sus propios servicios en el buscador y restringir a los desarrolladores de aplicaciones en Google Play. La Comisión Europea sancionó con 460 millones de euros la priorización de herramientas como Google Shopping o Google Flights en los resultados de búsqueda, y con 430 millones las trabas para que los desarrolladores informaran a los usuarios sobre ofertas más baratas fuera de la tienda oficial.

Desde Washington, la respuesta no se hizo esperar. El presidente Donald Trump publicó en Truth Social que la UE “pagará un precio muy alto por este comportamiento ilegal y altamente inmoral” y anunció la apertura inmediata de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta figura permite a la Oficina del Representante Comercial estadounidense examinar prácticas extranjeras consideradas discriminatorias y, tras un proceso que se prolonga varios meses, imponer aranceles u otras represalias. Trump subrayó que Estados Unidos “no es una alcancía para Europa” y que confía en que las sanciones “serán completamente revocadas” y en que se aplicará “un arancel sustancial” al bloque lo antes posible. En su mensaje, el mandatario enumeró también las multas acumuladas contra Apple, Meta y Amazon, que según sus cálculos ascienden a más de 18 000 millones de dólares.

Para Bruselas, la multa constituye una aplicación técnica de una normativa que busca garantizar la competencia en los mercados digitales. La vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera defendió que los productos deben triunfar “por ser mejores, no por pertenecer a la empresa que gestiona el motor de búsqueda”. Portavoces comunitarios recordaron que la DMA se ha aplicado igualmente contra plataformas chinas como TikTok y Temu, y subrayaron que la UE no discrimina por nacionalidad empresarial. No obstante, desde algunos Estados miembros y desde el Parlamento Europeo se observa la escalada con preocupación: la eurodiputada sueca Karin Karlsbro reiteró que “las empresas estadounidenses que operan en la UE deben cumplir nuestras reglas” y advirtió que nuevos aranceles podrían vulnerar el acuerdo comercial de Turnberry, que fija un tope del 15% a los gravámenes mutuos.

El choque añade un nuevo foco de tensión a unas relaciones transatlánticas ya crispadas por los aranceles del 10%-12,5% que Washington activó la misma semana contra sesenta países, incluidos los Veintisiete, bajo el argumento de combatir el trabajo forzado. Analistas europeos señalan que Trump instrumentaliza el diferendo para presionar en un momento en que el Supremo estadounidense tumbó su anterior sistema tarifario y necesita consolidar una nueva arquitectura comercial. Google, que dispone de 60 días para adaptar sus prácticas o afrontar multas adicionales de hasta el 5% de su facturación diaria, ha criticado que la decisión “degrada productos apreciados por los europeos” y no descarta recurrir ante la justicia comunitaria. El expediente queda ahora a la espera de que la Representación Comercial estadounidense anuncie formalmente los términos de la investigación 301, mientras que la Comisión Europea insiste en que no cederá a lo que considera una injerencia en su autonomía regulatoria.