La ofensiva naval y aérea desplegada por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental —conocida como operación “Lanza del Sur”— no ha logrado reducir el flujo de cocaína hacia territorio estadounidense, de acuerdo con una evaluación interna de la Administración de Control de Drogas (DEA) filtrada a la prensa en Washington. El documento, citado por The Washington Post y corroborado por fuentes del Congreso, señala que los ataques contra 67 embarcaciones sospechosas, que dejaron al menos 221 fallecidos desde septiembre de 2025, no afectaron la disponibilidad ni la pureza del estupefaciente en el mercado interno. En Florida, el precio por kilogramo se sitúa entre 13.000 y 15.000 dólares, la mitad que hace cinco años, lo que para los analistas de la DEA indica un volumen de circulación incluso mayor al previo a la intervención.

Desde el Pentágono se defiende la operación como una “fricción sistémica” contra las organizaciones criminales transnacionales, y el presidente Donald Trump ha asegurado en actos públicos que el 98,2 % de los narcóticos que ingresan por vía marítima han sido interceptados. Sin embargo, la evaluación de la DEA y los informes presentados a puerta cerrada en el Capitolio contradicen esa versión: tras una disrupción inicial de las rutas de contrabando y un repunte temporal de los precios, los traficantes se adaptaron en cuestión de semanas. La alta pureza de la cocaína confiscada en análisis recientes confirma, según los técnicos de la agencia, que las cadenas de suministro permanecen intactas.

Fuentes latinoamericanas y caribeñas consultadas por la prensa estadounidense detallan que los carteles han abandonado el uso de lanchas rápidas en aguas internacionales —blanco principal de los bombardeos— y ahora emplean buques de mayor calado que navegan pegados a la línea costera, donde las reglas de enfrentamiento restringen el uso de la fuerza. Paralelamente, se ha incrementado el tráfico aéreo desde pistas clandestinas en la frontera colombo-venezolana, con escalas en Guyana, Surinam y Honduras, así como el movimiento terrestre a través de Centroamérica hacia México. La DEA advierte además que los grupos delictivos sobornan a miembros de la fuerza pública colombiana en La Guajira para obtener información sobre la posición de los buques de guerra estadounidenses, una denuncia sobre la que el Ministerio de Defensa de Colombia no se ha pronunciado.

Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y la propia ONU han calificado los ataques de “ejecuciones extrajudiciales” y han alertado a los gobiernos de la región sobre las consecuencias jurídicas de colaborar en estas acciones. La operación “Lanza del Sur” se enmarca en una escalada más amplia que incluyó la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado, trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Mientras la Casa Blanca insiste en la eficacia de la presión militar, el debate en el Congreso y los datos de la propia DEA dejan abierta la discusión sobre la estrategia: el expediente sigue sin mostrar una reducción verificable del narcotráfico, y no se han anunciado cambios en las tácticas de interdicción.