Un tribunal de Sudáfrica paralizó este viernes, con carácter cautelar, la fase de audiencias públicas del proceso de destitución abierto contra el presidente Cyril Ramaphosa por el llamado ‘caso Farmgate’. La decisión, adoptada por el Tribunal Superior del Cabo Occidental a instancias del propio mandatario, impide que la comisión parlamentaria de impeachment celebre comparecencias mientras la justicia resuelva el recurso de revisión contra el informe independiente que, en noviembre de 2022, concluyó que Ramaphosa “podría haber cometido” violaciones graves de la ley. El fallo, sin embargo, no frena las tareas preparatorias de dicho órgano legislativo, integrado por delegados de todas las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Nacional.

La resolución judicial se produce en un contexto de fuerte polarización institucional. Según fuentes parlamentarias en Ciudad del Cabo, la oposición —liderada por la Alianza Democrática y formaciones menores— estudia recurrir el auto de suspensión, mientras que la oficina presidencial emitió un comunicado en el que Ramaphosa “reafirma su respeto por la independencia judicial y la separación de poderes” y se compromete a cooperar con los procesos de rendición de cuentas. El jefe del Estado, que siempre ha negado cualquier irregularidad, atribuye los 580.000 dólares hallados en un sofá de su finca Phala Phala a la venta de búfalos y sostiene que denunció el robo ante la policía. La acusación formal partió de un antiguo jefe de inteligencia afín al expresidente Jacob Zuma, quien elevó la cifra sustraída a cuatro millones de dólares.

Analistas políticos de Johannesburgo interpretan la suspensión como una maniobra dilatoria que traslada al terreno judicial un desgaste político que el oficialista Congreso Nacional Africano (ANC) desea aplazar al menos hasta finales de 2027, cuando se celebren sus primarias internas. Desde la óptica de Bruselas, el caso se sigue con atención porque la estabilidad del gobierno de unidad nacional —en el que el ANC comparte gabinete con la Alianza Democrática tras perder la mayoría absoluta en 2024— constituye un termómetro del Estado de derecho en la principal economía del continente. La Corte Constitucional ya había despejado en mayo de 2026 el camino hacia el impeachment al anular el blindaje parlamentario que la mayoría oficialista interpuso en primera instancia, forzando la creación de la actual comisión investigadora.

El calendario inmediato sitúa la siguiente cita en septiembre, cuando el mismo tribunal examine el fondo del recurso de Ramaphosa contra el dictamen de 2022. Hasta entonces, la comisión parlamentaria mantiene su capacidad para recabar documentación y realizar pesquisas preliminares, pero el plenario de destitución —que sería el primero contra un presidente en ejercicio en la historia democrática sudafricana— permanece en suspenso. La correlación de fuerzas en la Asamblea, con el ANC alrededor del 40 % de los escaños y el respaldo de sus socios de coalición, hace prever que, incluso si el proceso sigue adelante, el mandatario conserva los apoyos necesarios para superar una hipotética moción de censura.