El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes que no estampará su firma en la Ley ROAD de Vivienda del Siglo XXI, un proyecto bipartidista aprobado por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso. La decisión, comunicada como protesta por la incapacidad del Senado para aprobar la Ley SAVE America —que impondría requisitos de identificación y prueba de ciudadanía para votar— no impedirá sin embargo la entrada en vigor de la norma. Según fuentes del Capitolio, al cumplirse el plazo de diez días desde que el texto fue remitido a la Casa Blanca sin que el mandatario lo vete, la legislación se convertirá automáticamente en ley el sábado, privando a la mayoría republicana de una ceremonia de sanción que exhibiera logros en un tema prioritario para el electorado.

Desde la óptica de la Casa Blanca, la negativa a firmar busca presionar a los senadores republicanos para que eliminen el umbral de 60 votos que bloquea la iniciativa electoral, una exigencia que el propio liderazgo conservador en la Cámara Alta considera inviable por falta de apoyos. Analistas en Washington señalan que el cálculo del presidente prioriza movilizar a su base con un discurso de fraude electoral —pese a que múltiples investigaciones oficiales no han hallado evidencia de irregularidades sistémicas—, aun a costa de restar a su partido una victoria legislativa tangible en un contexto de precios récord de la vivienda. El ala republicana en el Congreso había previsto utilizar la ley como bandera de campaña de cara a las elecciones legislativas de noviembre, pero la postura presidencial dificulta esa estrategia.

Legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles sostienen que la Ley SAVE America restringiría el acceso al voto de minorías y personas de bajos recursos, y recuerdan que el voto de no ciudadanos ya es ilegal y prácticamente inexistente. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, resumió la posición de su bancada al afirmar que los republicanos “prefieren dificultar el voto antes que facilitar el acceso a una vivienda”. El proyecto de vivienda, por el contrario, concitó un raro consenso: contempla agilizar evaluaciones ambientales, limitar la compra masiva de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversores institucionales y ofrecer incentivos federales a los municipios que flexibilicen la construcción, medidas que según expertos del sector podrían aliviar a largo plazo una crisis de asequibilidad que sitúa el precio medio de una vivienda usada en 440.600 dólares.

El pulso se produce en un momento de elevada presión económica para los hogares estadounidenses, agravada por la persistencia de tasas hipotecarias superiores al 6 % y por el encarecimiento de la energía vinculado al conflicto en Oriente Medio, de acuerdo con informes de organismos sectoriales. Aunque la ley de vivienda entrará en vigor sin la rúbrica presidencial, el episodio deja al descubierto las tensiones internas en el Partido Republicano entre la agenda legislativa del Congreso y las prioridades del Ejecutivo. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, había expresado su confianza en que Trump terminaría respaldando la norma, pero el desenlace automático sin ceremonia refleja, según fuentes parlamentarias, un desaire calculado que podría restar capital político a los candidatos republicanos en distritos disputados. El Senado no ha programado nuevas votaciones sobre la reforma electoral, y la Casa Blanca no ha indicado si vetará la ley de vivienda en las horas que restan antes de su promulgación automática.