La mujer llegó al portón del albergue con lo puesto y el miedo pegado a la piel. Buscaba un rincón seguro tras huir de la violencia, pero la puerta estaba cerrada. No había nadie. El refugio había dejado de funcionar semanas atrás, asfixiado por la falta de fondos. Esa escena, que ONU Mujeres recoge en su informe Más allá del punto de quiebre, se ha repetido de forma silenciosa en decenas de países desde enero de 2025: al menos un millón de mujeres y niñas han perdido el acceso a servicios esenciales —atención sanitaria, espacios seguros, asistencia jurídica— porque las organizaciones que las sostenían se están quedando sin dinero.

El estudio, basado en las respuestas de 855 organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos femeninos en 52 países afectados por crisis y conflictos, dibuja un panorama de asfixia acelerada. Nueve de cada diez entidades ya no pueden cubrir la demanda actual, a pesar de que esta no deja de crecer. La mitad ha empezado a imponer listas de espera o a rechazar a mujeres y niñas que piden auxilio. Dos de cada cinco prevén cerrar, temporal o definitivamente, en el próximo año. “Cada dólar retirado de las organizaciones de mujeres es un dólar retirado a las sobrevivientes de violencia sexual, a las madres desplazadas, a las niñas forzadas a dejar la escuela y a comunidades enteras que luchan por sobrevivir”, explicó desde Ginebra Sofia Calltorp, jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres.

El desfondamiento de la ayuda internacional tiene un epicentro claro. La administración estadounidense recortó miles de millones de dólares en asistencia exterior, y otros grandes donantes, presionados por el alza del gasto en defensa y las estrecheces fiscales, siguieron el mismo camino. En paralelo, un informe de la Unesco advierte que 113 países en desarrollo gastaron más en el servicio de su deuda externa que en educación durante 2025. En el África subsahariana, la proporción fue de 3,6 veces más para los acreedores que para las aulas. Analistas en Londres y Washington señalan que esta hemorragia de recursos no es un fenómeno aislado: los pagos de la deuda de las naciones más pobres alcanzaron su nivel más alto en 35 años, y la ayuda a la educación podría caer hasta un 30% para 2027, según las proyecciones de la agencia de la ONU.

Las consecuencias se miden en vidas interrumpidas. El 86% de las organizaciones consultadas reporta un aumento de la violencia de género en las comunidades donde trabaja; el 62% afirma que los espacios seguros para mujeres y niñas han desaparecido o se han reducido drásticamente. La violencia sexual vinculada a los conflictos se duplicó en 2025, justo cuando los sistemas de protección se desmoronan. En países como Afganistán, la República Democrática del Congo y Haití, estas organizaciones son a menudo el único actor capaz de llegar a las zonas más remotas. Sin embargo, el 63% ya ha recortado servicios en esas comunidades, dejando a las mujeres con menos alternativas en el momento de mayor desamparo.

Para mantener con vida unos servicios que se apagan, el 65% del personal de las entidades lideradas por mujeres trabaja sin cobrar. La mitad de las organizaciones habla de un agotamiento creciente entre sus equipos, mientras el 88% observa un deterioro de la salud mental de las mujeres y niñas a las que asisten. En ese gesto de seguir acudiendo al trabajo sin sueldo, en esa obstinación por no soltar la mano de quien llega a un portón cerrado, se condensa la paradoja de un sistema humanitario que se sostiene sobre el sacrificio íntimo de sus trabajadoras, muchas de ellas afectadas por las mismas crisis que intentan paliar.