El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, endureció el tono frente a Cuba en el quinto aniversario de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021: afirmó que Washington “seguirá utilizando todas las herramientas” para contrarrestar las “amenazas” del gobierno comunista y condicionó cualquier nueva relación bilateral a que La Habana emprenda “reformas reales”. Según el comunicado del Departamento de Estado, Rubio vinculó el levantamiento de sanciones a la liberación de los “presos políticos” y a cambios económicos y políticos, al tiempo que ofreció “la promesa de una nueva relación” y ayuda humanitaria.

La declaración se produce en un contexto de asfixia energética: la red eléctrica nacional colapsó por segunda vez en una semana, dejando a unos diez millones de cubanos sin servicio, según la Unión Eléctrica. Washington mantiene desde enero un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones, sanciones dirigidas a disuadir a empresas extranjeras y, de fondo, la sombra de una posible acción militar, reforzada tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, indican fuentes del Ejecutivo estadounidense. A ello se suma la presión diplomática para que aliados como Rusia, China o Irán no sostengan a la isla.

Desde La Habana, la respuesta incluyó una defensa explícita de la participación de Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto del expresidente Raúl Castro— en las negociaciones discretas con Estados Unidos. El primer ministro, Manuel Marrero, dijo que el equipo negociador cuenta con “la confianza y el apoyo” de la dirigencia, aunque no mencionó directamente al joven Castro. El propio Rodríguez Castro se había mostrado dispuesto a dialogar “con quien designe EE UU, incluido Trump”. Sin embargo, una entrevista reproducida por medios estadounidenses expuso privilegios de la élite gobernante que contrastan con la crisis del país, lo que desató críticas incluso dentro de las filas del Partido Comunista: “No se puede permitir que alguien usurpe funciones de Gobierno sin cargo oficial”, cuestionó un periodista de la televisión estatal.

Desde la óptica de varios gobiernos latinoamericanos, la ofensiva de Rubio reedita la Doctrina Monroe y el intervencionismo. “Son países independientes que fijan sus políticas según la voluntad de sus pueblos”, fue la respuesta regional recogida por la prensa internacional. Naciones Unidas ya advirtió que el endurecimiento de las sanciones podría desencadenar una crisis humanitaria. La presión externa se suma a los intentos del Gobierno cubano por implementar casi doscientas reformas de mercado, que hasta ahora no han logrado distender las relaciones con el norte.

Las conversaciones bilaterales, reveladas hace meses por la prensa estadounidense, siguen sin materializar avances concretos. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y uno de los rostros más duros hacia la isla, fijó un horizonte de urgencia: “Los líderes de Cuba deben optar por comprometerse con reformas reales antes de que sea demasiado tarde”. El statu quo mantiene a la isla en un agravamiento de la crisis mientras el Departamento de Estado no descarta nuevas medidas si La Habana no cede.