El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que obliga a instalar carteles de advertencia en las aceras exteriores del Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian, en Washington. Los avisos, según el texto oficial, alertarán a los visitantes sobre «información inexacta» presentada en las salas y los dirigirán hacia recursos con una versión «precisa» de la historia nacional. La medida se produce días después de que la directora del museo, Anthea Hartig, defendiera la labor de la institución ante una subcomisión del Congreso, y responde a un informe de la Casa Blanca que acusa al complejo museístico de haber sido capturado por «ideología woke» y de no celebrar suficientemente los logros fundacionales.

Desde la óptica de la administración Trump, la dirección del Smithsonian «no puede ser confiada para contar la historia de Estados Unidos con honestidad y gratitud». El informe del Consejo de Política Interna, divulgado a principios de julio, sostiene que las exposiciones minimizan el papel constructivo de la fe cristiana y denigran sistemáticamente a los estadounidenses blancos varones. En el Capitolio, legisladores republicanos como Tim Burchett afirmaron que el museo está «infectado», mientras la congresista demócrata Melanie Stansbury denunció «un esfuerzo sin precedentes para interferir en la manera en que se investiga, enseña y presenta la historia». Frente a estas críticas, el secretario del Smithsonian, Lonnie Bunch, reafirmó el compromiso de la institución con la erudición rigurosa, la independencia y la integridad, y consideró que el informe no caracteriza de manera justa el trabajo integral del museo.

La orden ejecutiva refleja los límites del poder presidencial sobre una entidad que opera como fideicomiso público-privado independiente, con un órgano de regentes que no puede ser depurado sumariamente. Al carecer de autoridad directa sobre las exposiciones, la Casa Blanca recurre a las aceras y accesos controlados por el Servicio de Parques Nacionales —dependiente del Departamento del Interior— para instalar la señalización «temporal». El decreto instruye además a los titulares de Presupuesto, Servicios Generales y políticas domésticas a «utilizar todas las autoridades disponibles» para promover sus fines, lo que, desde centros de análisis jurídico en Washington, se interpreta como una posible amenaza de condicionar los fondos federales que cubren cerca de dos tercios del presupuesto anual de la institución, un movimiento que ya había sido anticipado y consideraron potencialmente ilegal.

La iniciativa se inscribe en una ofensiva más amplia de la administración republicana por moldear el relato cultural, que incluye la renovación forzada del Centro Kennedy, la modificación de exposiciones en lugares históricos del Servicio de Parques y la eliminación de programas de diversidad en el gobierno. Observadores europeos y latinoamericanos advierten que el pulso por los símbolos nacionales trasciende las fronteras estadounidenses y refleja una tensión global sobre quién legitima la memoria colectiva. Por ahora, el Smithsonian no ha anunciado acciones legales, pero se prevé que la instalación de los avisos genere nuevas disputas judiciales mientras la institución prosigue su propia revisión de contenidos.