El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes la construcción de un helipuerto de granito en el jardín sur de la Casa Blanca, una obra que ya había comenzado y que, según la Casa Blanca, es necesaria para que los nuevos helicópteros presidenciales VH-92A Patriot puedan aterrizar sin dañar el césped. Los rotores de estas aeronaves, entregadas en 2024 por Sikorsky, filial de Lockheed Martin, expulsan el calor de sus escapes hacia abajo y queman la hierba, lo que ha limitado su uso en la residencia presidencial y ha obligado a mantener en servicio los antiguos VH-3D de la era de Vietnam. La solución, detalló Trump, será una plataforma de granito tallado con el sello de la Casa Blanca, con un coste estimado de hasta seis millones de dólares, financiada íntegramente por Sikorsky a través de una donación al Trust for the National Mall, la entidad sin ánimo de lucro del Servicio de Parques Nacionales.

De acuerdo con un comunicado de Lockheed Martin, la contribución se realizó “en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables”. Trump afirmó que la compañía se sintió “un poco culpable” por la potencia de los nuevos aparatos y que él mismo sugirió el granito en lugar de hormigón pintado. Desde la óptica de expertos europeos en conservación del patrimonio, la intervención sobre un conjunto histórico tan simbólico como el jardín sur genera inquietud por la alteración de un paisaje cultural protegido, mientras que analistas en América Latina observan que la financiación privada de infraestructura presidencial por parte de un contratista de defensa introduce un precedente que merece escrutinio en materia de transparencia.

El helipuerto es la última pieza de una serie de reformas con las que Trump ha ido moldeando la residencia oficial a su imagen. En el mismo predio, desde el otoño de 2025 se levanta un nuevo salón de baile sobre el solar del demolido Ala Este. La Casa Blanca ha defendido la obra por razones de seguridad: Trump declaró que el recinto será “a prueba de balas”, “a prueba de drones” y, en muchos casos, “a prueba de cohetes”, e incluirá una pista de aterrizaje para drones en el tejado. El proyecto, de varios miles de metros cuadrados, ha sido objeto de litigios por su coste, el proceso de adjudicación y su impacto sobre el conjunto arquitectónico histórico. A ello se suman otras modificaciones como la reforma del Jardín de las Rosas para instalar un patio al estilo de Mar-a-Lago, la colocación de placas partidistas en la columnata o la renovación de estancias interiores.

En paralelo, la administración ha intensificado su ofensiva contra instituciones culturales. Un informe de la Casa Blanca, derivado de un decreto firmado en marzo de 2025, acusa al Museo Nacional de Historia Americana de ejercer “activismo ideológico” al presentar una visión de Estados Unidos centrada en la opresión, el racismo y la injusticia, y critica la forma en que se abordan figuras como George Washington o Thomas Jefferson en relación con la esclavitud. La Smithsonian Institution, que gestiona el museo, ha sido instada a eliminar la “ideología inapropiada” de sus exposiciones, y se advierte que podrían retenerse fondos federales para muestras que “degraden los valores estadounidenses compartidos”. La institución se limitó a señalar que continuará sirviendo al público con “investigación imparcial e independiente”. El helipuerto no tiene fecha de finalización anunciada, el salón de baile sigue su curso entre disputas judiciales y la pugna por el relato histórico en los museos nacionales se perfila como un nuevo frente de batalla cultural.