El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó formalmente al Congreso que las hostilidades contra Irán se reanudaron el 7 de julio, según una carta fechada el 10 de julio y conocida por varias redacciones. La notificación, exigida por la Ley de Poderes de Guerra, abre una nueva ventana de 60 días durante la cual el Ejecutivo puede emplear la fuerza militar sin aprobación parlamentaria. En el texto, Trump describe los ataques como “defensivos, limitados y planificados para minimizar las bajas civiles”, y los vincula a la protección de la navegación comercial en el estrecho de Ormuz tras el supuesto incumplimiento por parte de Teherán del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

El conflicto armado había comenzado el 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Tras un alto el fuego decretado en abril y prorrogado, Washington y Teherán suscribieron en junio un memorando que preveía el cese inmediato de las hostilidades. Sin embargo, según la versión de la Casa Blanca, Irán atacó buques mercantes en el estrecho, lo que motivó la reanudación de los bombardeos sobre territorio iraní y la reactivación del bloqueo naval a los puertos de la República Islámica. El presidente estadounidense anunció además que su país asumirá el control del estrecho de Ormuz e impondrá un gravamen del 20 % a las cargas que lo transiten, una medida que Teherán calificó de injerencia inaceptable y que, desde la óptica de Bruselas y de capitales latinoamericanas con intereses comerciales en la región, amenaza con distorsionar el principio de libre navegación consagrado en el derecho internacional.

La notificación reaviva el forcejeo institucional entre la presidencia y el Legislativo. La Ley de Poderes de Guerra obliga al presidente a informar en un plazo de 48 horas y a retirar las tropas en 60 días si el Congreso no autoriza la operación. El primer plazo venció el 1 de mayo, pero el Ejecutivo sostuvo entonces que las hostilidades habían cesado con el alto el fuego, pese a que los ataques y el bloqueo continuaron. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado —con el voto de algunos republicanos— aprobaron en junio resoluciones que instan a Trump a retirar las fuerzas estadounidenses o a solicitar una autorización específica. Desde el entorno demócrata se denuncia una interpretación forzada de la norma: “El presidente no puede simplemente desear que desaparezcan meses de guerra”, señaló un asesor legislativo bajo condición de anonimato. La Casa Blanca, en cambio, insiste en que Trump actúa dentro de sus atribuciones constitucionales como comandante en jefe.

El nuevo ciclo de sesenta días expira a principios de septiembre. Mientras, el Comando Central estadounidense confirmó una tercera noche consecutiva de ataques y el Tesoro restableció sanciones a las ventas de petróleo iraní. Teherán, por su parte, respondió con golpes a la base aérea de Al Udeid en Catar y a un segundo buque en el estrecho, al tiempo que su Ministerio de Exteriores acusó a Washington de violar “casi todos los puntos” del acuerdo de junio. La tensión se produce en un contexto de protestas internas en Irán por la depreciación de la moneda y el alza de precios, factor que, según analistas en Washington, añade presión a un régimen que rechaza cualquier cesión en el control del estratégico paso marítimo. El estado del expediente apunta a una nueva escalada sin que, por ahora, se vislumbre un mecanismo diplomático que sustituya la vía militar.