El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que sus aeronaves atacaron el sábado 27 de junio múltiples objetivos en Irán, entre ellos sistemas de vigilancia, comunicaciones, defensa aérea, almacenamiento de drones y capacidades de lanzamiento de minas. La operación, ordenada por el presidente Donald Trump, fue presentada como una respuesta directa a lo que Washington califica de violaciones reiteradas del acuerdo de alto el fuego por parte de Teherán, en particular el ataque con un dron de ida contra el petrolero de bandera panameña M/T Kiku, que transportaba más de dos millones de barriles de crudo cerca del estrecho de Ormuz. En su red Truth Social, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses habían golpeado depósitos de misiles y drones y estaciones de radar costeras, y advirtió que, si Irán persiste, Washington podría verse obligado a “completar militarmente el trabajo” iniciado, lo que supondría que “la República Islámica de Irán dejará de existir”.

Desde Teherán, la televisión estatal reportó explosiones en la zona de Sirik, al sur del país, sin ofrecer detalles adicionales. La Guardia Revolucionaria iraní declaró haber realizado disparos de advertencia contra embarcaciones no especificadas y lanzado ataques “defensivos” contra posiciones militares vinculadas a Estados Unidos en Oriente Medio. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní acusó a Washington de incumplir el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, señalando en particular la falta de un alto el fuego efectivo en Líbano, donde Israel —aliado de Estados Unidos— mantiene operaciones contra Hezbolá. Bahréin, que alberga una base militar estadounidense, informó haber sido blanco de drones iraníes durante la madrugada, lo que calificó como una violación de su soberanía. El vicepresidente estadounidense J. D. Vance, negociador principal del acuerdo, instó a Irán a resolver las diferencias por vía diplomática, pero subrayó que “la violencia será respondida con violencia”.

La escalada pone en riesgo el frágil entendimiento alcanzado tras cuatro meses de conflicto. El memorando de 14 puntos estableció un período de negociación de 60 días para un acuerdo definitivo e incluía la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada del bloqueo naval, el alivio gradual de sanciones y compromisos en materia nuclear. Sin embargo, la disputa sobre el control de la estratégica vía marítima —por donde transita entre el 20 % y el 25 % del petróleo mundial— se ha convertido en el principal punto de fricción. Washington promueve una ruta al sur, costeando Omán, y sostiene que el tránsito debe seguir siendo gratuito; Teherán insiste en que los buques utilicen un corredor bajo su supervisión y reivindica el derecho a cobrar peajes. El organismo marítimo multinacional supervisado por la Armada estadounidense anunció la ampliación de la ruta omaní para tráfico en ambos sentidos, una decisión que, según analistas en Oriente Medio, podría generar nuevos focos de tensión.

El intercambio de golpes se produce en un contexto de desconfianza mutua que se remonta a la salida de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto en 2018 y a la posterior política de “máxima presión”. Desde la óptica de Bruselas, el actual mecanismo de monitoreo y el aval de Naciones Unidas al proceso son elementos que podrían facilitar una desescalada, pero la reanudación de las hostilidades complica cualquier avance diplomático. Para economías latinoamericanas dependientes de la estabilidad de los precios energéticos y de las cadenas de suministro globales, la incertidumbre en el estrecho de Ormuz representa un factor de riesgo adicional. Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva ronda de contactos entre las partes ni una reunión del Consejo de Seguridad, y el tránsito comercial por la zona, según CENTCOM, continúa sin interrupciones inmediatas.