Tres juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) presentaron este miércoles una demanda en un tribunal federal de Manhattan contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La acción judicial impugna las sanciones que la administración estadounidense les impuso en 2024, las cuales califican de ilegales y de constituir una «pena de muerte financiera».

Según la demanda, las sanciones fueron diseñadas para ejercer presión extrajudicial con el objetivo de castigar a las magistradas —Kimberly Prost (Canadá), Solomy Balungi Bossa (Uganda) y Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou (Benín)— y forzarlas a modificar sus decisiones. Las juezas sostienen que las medidas exceden las facultades previstas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y vulneran la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, al no basarse en una emergencia nacional genuina. Además, denuncian que las restricciones les impiden usar tarjetas de crédito, acceder a servicios bancarios, utilizar plataformas como Google o Amazon, contratar seguros de salud y, en algunos casos, presentar pruebas en procedimientos judiciales.

Desde la óptica de Washington, las sanciones responden a la emisión por parte de la CPI de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en 2024, así como a la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. La administración Trump ya había impuesto sanciones en 2020 contra la entonces fiscal jefe, Fatou Bensouda, por el caso afgano. Ni Estados Unidos ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI, tribunal creado en 2002 para juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en sus 125 Estados miembros o por remisión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Analistas jurídicos en Europa y América Latina observan que el litigio podría sentar un precedente sobre los límites del poder ejecutivo estadounidense para sancionar a funcionarios judiciales internacionales. La demanda solicita al tribunal que anule las sanciones y prohíba su aplicación futura. Hasta el momento, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro no han respondido a las solicitudes de comentarios. El caso queda ahora a la espera de que el gobierno federal presente su contestación, en un proceso que se anticipa prolongado y que reavivará el debate sobre la independencia de la justicia internacional frente a las presiones de las grandes potencias.