La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este jueves dos decisiones que reconfiguran el acceso a la protección humanitaria en el país. Por seis votos contra tres, el tribunal determinó que el Departamento de Seguridad Nacional puede poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 haitianos y 6.100 sirios, y que los migrantes que aguardan en el lado mexicano de la frontera no han “llegado” a territorio estadounidense a efectos de solicitar asilo. Ambas sentencias, redactadas por el juez conservador Samuel Alito, anulan bloqueos dictados por tribunales inferiores y otorgan al Ejecutivo margen inmediato para ejecutar las cancelaciones y reactivar la política de dosificación de solicitudes en la frontera sur.

Desde la óptica de la administración Trump, los fallos representan una validación del principio de que las designaciones del TPS son temporales y no están sujetas a revisión judicial ordinaria. El consejero general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, calificó las decisiones como una victoria para el Estado de derecho y el sentido común, argumentando que el programa se había convertido en una amnistía de facto. La mayoría del tribunal sostuvo que la ley impide explícitamente que los jueces examinen las determinaciones sobre la terminación del TPS y que, en el caso haitiano, no se demostró que la medida estuviera motivada por animadversión racial, sino por una oposición general de la administración al programa tal como se había implementado.

En contraste, los tres jueces de tendencia liberal discreparon en ambos casos. La jueza Sonia Sotomayor advirtió que la interpretación sobre el asilo obligará a más personas a permanecer en condiciones peligrosas en México o a intentar cruces irregulares, mientras que la jueza Elena Kagan subrayó que los beneficiarios del TPS sufrirían un daño irreparable y que el gobierno no realizó las consultas exigidas sobre las condiciones de seguridad en los países de origen. Organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigrantes, desde la perspectiva de grupos como Al Otro Lado, señalaron que la decisión sobre asilo destruye la posición de Estados Unidos como líder en la protección de refugiados y podría servir de justificación para que otros países impidan el acceso a sus fronteras. Analistas en América Latina y el Caribe observan con preocupación el impacto regional: Haití atraviesa una crisis de violencia de pandillas y Siria sigue en guerra, mientras que los consulados y las redes de migrantes en México y Centroamérica anticipan un aumento de la presión sobre las rutas migratorias.

Las implicaciones de los fallos se extienden más allá de los casos concretos. La decisión sobre el TPS sienta un precedente que podría afectar a 1,3 millones de personas de 17 países, entre ellos Venezuela, Honduras, Nicaragua y El Salvador, cuyas designaciones ya han sido revocadas o están en proceso de revisión. La sentencia sobre asilo, por su parte, allana el camino para que el gobierno reactive formalmente la política de “metering”, que permite a los agentes fronterizos rechazar indefinidamente a solicitantes si consideran que los puertos de entrada están saturados. En paralelo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el cierre definitivo del centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, construido con fondos estatales en los Everglades y criticado por organismos como Amnistía Internacional por condiciones insalubres y falta de acceso a abogados. El cierre, atribuido al fin de su utilidad temporal y a los riesgos de la temporada de huracanes, se produce mientras el gobierno federal reevalúa la compra de almacenes para ampliar la capacidad de detención migratoria. Se espera que en los próximos meses los litigios sobre las protecciones restantes continúen en cortes de distrito, aunque con un margen de revisión judicial significativamente reducido tras el pronunciamiento del máximo tribunal.