Una jueza federal en Boston bloqueó este jueves las secciones centrales de la orden ejecutiva con la que el presidente Donald Trump pretendía imponer nuevas restricciones al voto por correo y crear una lista nacional de ciudadanos habilitados para sufragar. La medida cautelar de la jueza Indira Talwani impide que la administración exija a los estados la entrega de sus padrones de votantes ausentes como condición para que el Servicio Postal distribuya las papeletas, y frena la elaboración de una base de datos federal de electores elaborada a partir de registros de ciudadanía y naturalización. La decisión llega después de que el director general del Servicio Postal, David Steiner, confirmara en una audiencia del Senado que, bajo la regulación propuesta, la agencia se negaría a entregar boletas en aquellos estados que no remitieran sus listados al gobierno federal.

Desde la Casa Blanca se ha defendido la orden ejecutiva como una herramienta necesaria para proteger la integridad de los comicios y evitar el voto de no ciudadanos. El portavoz presidencial calificó la directiva de “legal” y expresó confianza en que su implementación prevalecerá en instancias superiores. En contraste, la coalición de veintitrés estados y el Distrito de Columbia que interpuso la demanda —liderada por fiscales generales demócratas— argumentó que el presidente carece de autoridad constitucional para regular la administración electoral, una competencia que la Carta Magna reserva a los estados y al Congreso. La jueza Talwani, nominada por el expresidente Barack Obama, recogió ese razonamiento al señalar que “la Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones” y que ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden interferir en la determinación de la elegibilidad de los votantes.

La suspensión judicial tiene consecuencias inmediatas sobre la propuesta normativa del Servicio Postal, que se encontraba en período de comentarios públicos hasta el 2 de julio. Esa propuesta, alineada con la orden ejecutiva, habría obligado a los estados a suministrar una lista de electores con códigos de barras únicos para cada papeleta, y habría facultado a la agencia para cotejar los envíos con ese registro. El testimonio de Steiner reveló que, de no recibir esa información, el Servicio Postal simplemente no cursaría las boletas, lo que según senadores demócratas equivalía a una coerción inaceptable sobre los estados. Analistas jurídicos en Washington observan que la decisión de Talwani se suma a otros dos fallos recientes que bloquearon, respectivamente, la exigencia de prueba documental de ciudadanía para registrarse y la creación de una base de datos de cribado de votantes, configurando un patrón de resistencia judicial a la expansión de la supervisión federal de los comicios.

El fallo no invalida la totalidad de la orden ejecutiva, sino únicamente las disposiciones impugnadas, y se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo por la aprobación de la ley SAVE Act, que busca establecer un estándar uniforme de identificación con fotografía y verificación de ciudadanía para el voto federal. La administración ha condicionado la firma de otros proyectos legislativos a la aprobación de esa norma, mientras los estados se preparan para las elecciones legislativas de noviembre de 2026. Se espera que el gobierno recurra la decisión ante el tribunal de apelaciones, y el caso podría escalar hasta la Corte Suprema, donde el debate sobre los límites del poder presidencial en materia electoral quedaría definitivamente planteado.